IU ve «rídiculo» romper el pacto ahora pese a las imputaciones por los ERE

Sevilla- «El código ético de IU recoge que los imputados y procesados en asuntos de corrupción no pueden estar en órganos políticos ni representativos». Palabras del coordinador general Cayo Lara. Pese a esta máxima, el líder de la coalición asegura que, en relación con el caso de los ERE fraudulentos, «no es cuestión de romper el acuerdo porque se impute o procese a Griñán. Y si se produjera esa hipótesis, es el PSOE quien debe decidir qué hacen». En la comunidad andaluza, el partido, dejando al margen sus estatutos, tampoco ha dado muestras de querer romper el status quo establecido. Ya está imputado, entre otros, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y la formación se enroca en que su renuncia a formar parte de los Consejos de Gobierno es suficiente para seguir en el poder sin plantear abandonos como exigen los críticos del partido.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, pasando por alto las voces de su formación que piden la dimisión de, como poco, el viceconsejero de Presidencia y que no apoyaron la «declaración política» del Consejo que obvia los ERE y la salida de Griñán, subrayó ayer que Antonio Lozano «ya no se sienta en el Consejo de Gobierno». Maíllo explicó que «la imputación es un garantía de la Justicia» y que, hasta que se produzca la llamada de todos los encartados y declaren, «resulta ridículo» tomar alguna determinación de índole política como romper el pacto. «Hay que esperar a que declaren» y «seguir investigando caiga quien caiga».

El líder de IU recordó que «otros partidos no permitieron que el dictamen de la comisión de investigación» desarrollada en el Parlamento «se llevara adelante». En ella, IU ponía el techo de las responsabilidades en los consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Izquierda Unida ya cuenta con el precedente de Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla, ex primer teniente de alcalde e imputado en el «caso Mercasevilla» por la presunta venta fraudulenta de suelos. Maíllo defendió la «estabilidad» del Gobierno andaluz y su defensa de los derechos frente al Partido Popular. «Cada desahucio tendrá el nombre y el apellido del PP», explicó IU tras presentar el calendario de movilizaciones contra el recurso al Decreto de Función Social de la Vivienda. La teoría de que «desde Andalucía se puede salir de la crisis con otras políticas». Los Presupuestos serán otra de las piedras de toque de cara a unas elecciones anticipadas. El líder de la coalición hizo hincapié en que se han dado muestras de las «garantías del acuerdo programático», algo que esperan «por la otra parte», en referencia a los socialistas. «No hay razones» para pensar «lo contrario». La prioridad de IU es «seguir cumpliendo» el acuerdo por Andalucía «ayudando al PSOE como socio de Gobierno», aunque ello conlleve el enroque en el incumplimiento de sus estatutos.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que el caso de los ERE «afecta directamente a un Gobierno» y denunció que Griñán no haya dado «ninguna explicación» y se dedique a «atacar» a la juez. La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana Corredera, preguntó a la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, «cuántos imputados más necesita» para celebrar un Pleno extraordinario sobre el caso de los ERE en el Parlamento.