Juan José Cortés: «Anuncié que lo de mi hija se repetiría y así ha sido»

El detenido por su participación en la muerte de una bebé de 16 meses en Fiñana (Almería), Raúl Ríos Fortes, había sido condenado por maltratar a una menor, aunque el recurso que presentó al Tribunal Constitucional (TC) evitó que estuviera entre rejas y posibilitó que fuera el presunto cómplice del autor confeso del crimen, Jonathan Moya. El proceso se prolongó dos años.

El asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, también debía haber estado cumpliendo condena tras los barrotes de una celda por haber abusado sexualmente de su propia hija, cuando robó la vida a la pequeña onubense hace el domingo cinco años.

«Se veía venir», sostiene el padre de la niña del Torrejón, Juan José Cortés. «Anuncié que se repetiría y así ha sido. Ha vuelto a pasar», se duele. Cortés recuerda a LA RAZÓN que tras el trágico suceso que sacudió a su familia en 2008, «los políticos» les aseguraron que «no volvería a suceder, pero ha pasado». «Los juzgados se iban a interconectar entre sí y con la Policía y se anunciaron numerosas medidas que no se están llevando a efecto», señala.

Considera que «en Andalucía se han puesto en marcha iniciativas que no funcionan. Hay muy buena intención pero pocos medios y menos resultados», advierte.

Sostiene el ahora asesor del PP en el Ayuntamiento de Sevilla que «los juzgados están saturados de denuncias que no tienen sentido, mientras hay gente inocente en las cárceles y delincuentes en la calle». Cree que «los procesos son demasiado largos» y que «lo que verdaderamente importa no se atiende». «Algo de lo que nos damos cuenta –matiza– cuando suceden casos como el de mi hija o el del bebé de la familia de La Palma (Huelva) y, lamentablemente, cuando ya no tienen solución». Desconfía de un sistema que, a su juicio, ofrece recursos a delincuentes» del «calibre» de Del Valle o Mora, «dejando desprotegidos a la mayoría de los ciudadanos». En ese sentido confiesa: «Creo en la reinserción, pero cronológica y no necesariamente para todos». Preguntado a qué se refiere con «cronológica» se explica: «No se pueden dar beneficios penitenciarios en cualquier momento. Primero el delincuente ha de reconocer lo que haya hecho y luego, se tienen que cumplir tiempos». «Se usa el sistema judicial de manera desafortunada y no se producen reinserciones reales», remata Cortés.

De vuelta a la comparación entre ambas historias, mientras nadie se ocupó de que el asesino de Mari Luz cumpliera su pena, en la tragedia reciente lo llamativo son los tiempos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los justificó ayer. Explicó que el juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó en septiembre suspender el ingreso en prisión de Ríos Fortes, a la espera de que el Constitucional resolviese sobre el recurso que éste presentó contra una sentencia de octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia menor.

El TC inadmitió a trámite el recurso a «finales» de noviembre de 2012 y el traslado de la decisión llegó al juzgado de lo Penal a «mediados de diciembre». La bebé fue secuestrada el día 20 de ese mes y su cuerpo fue recuperado el 28.

Paralelismos

«Caso Mari Luz»

Santiago del Valle, el asesino de Mari Luz fue condenado en diciembre de 2005 por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses de cárcel por abusar de su hija de cinco años. La Audiencia provincial ratificó el fallo pero nadie se hizo cargo de la ejecución de la sentencia y no piso la cárcel.

Al juez instructor Rafael Tirado, se le impuso una multa de 1.500 euros. Se justificó en el excesivo volumen de trabajo de su juzgado, en el que la Junta tardó dos meses en cubrir un puesto.

El asesinato de Almería

Raúl Ríos Fortes, presunto partícipe en la muerte del bebé, fue condenado en noviembre de 2010 por el juzgado de lo Penal número 4 de Almería a un año y nueve meses por violencia contra su pareja, menor de edad, y a otros seis meses por un delito de lesiones. La Audiencia almeriense ratifica la pena en octubre de 2011.

El juzgado de lo Penal acordó suspender la ejecución del fallo hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre un recurso, lo que no se produjo hasta noviembre de 2012.