La Audiencia de Málaga declara firme la reducción de las condenas e inicia la ejecución de la sentencia

Málaga- La Audiencia de Málaga ha iniciado la ejecución de la sentencia del «caso Ballena Blanca», que destapó una trama de blanqueo de capitales con epicentro en un despacho de abogados de Marbella y ha instado a los condenados, entre ellos el letrado de origen chileno Fernando del Valle, a pagar las responsabilidades pecuniarias que le fueron impuestas. No obstante, la Sección Segunda del tribunal malagueño solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Del Valle –seis años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y otros contra la Hacienda Pública–, planteada por la defensa del condenado hasta que se resuelva la petición de indulto.

La sala, que ordena el levantamiento de las medidas cautelares dictadas contra los procesados que fueron absueltos, declara firme el fallo dictado el 31 de marzo de 2011 con las modificaciones que realizó un año después el Tribunal Supremo, que ya en enero de 2013 resolvió los recursos presentados contra dicha sentencia y revocó en parte la primera resolución. Así, rebajó la condena impuesta a Del Valle hasta los cinco años y medio de prisión por un único delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, al tiempo que le impuso una multa de 1,2 millones de euros.

También fueron rebajadas las penas impuestas al condenado Sophiane Hambli, cuya condena pasó de los tres años y tres meses a dos años de cárcel, la misma pena que el Supremo impuso a Aimo Veikko Voutilanem y María Leena Voutilainem, ambos inicialmente sentenciados a tres años y tres meses de cárcel.

El caso supuso la detención, en el año 2005, de medio centenar de profesionales, entre ellos varios notarios de la Costa del Sol y abogados de diferentes nacionalidades, acusados inicialmente de participar de una red que propició el blanqueo de 250 millones de euros a partir del bufete de Del Valle.

Éste fue arrestado y permaneció seis meses en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, que abandonó tras abonar una fianza de 600.000 euros.

La Sala consideró probado que el letrado utilizó un sistema para facilitar inversiones a través de sociedades creadas en España y participadas por otras del estado norteamericano de Delaware y otros paraísos fiscales, en torno a un sistema al servicio de "individuos relacionados con el crimen organizado para ocultar ganancias de actividades ilícitas".