La Audiencia Nacional juzgará a PSOE e IU por lucrarse de adjudicaciones a dedo

El juez cree que ambos partidos en Sevilla obtuvieron 314.839 euros de Fitonovo a cambio de darles contratos.

El PSOE gobernó el Ayuntamiento de Sevilla de 1999 a 2011, los últimos cuatro años en coalición con IU. La Audiencia Nacional considera que ambas formaciones se beneficiaron económicamente de la conducta delictiva de 13 ex responsables municipales –entre funcionarios y cargos públicos como el ex teniente de alcalde de IU Antonio Rodrigo Torrijos– por lo que, como ocurrió con el PP en la trama Gürtel, serán juzgadas como «partícipes a título lucrativo» en una de las piezas separadas del «caso Madeja». En la misma, 13 investigados serán procesados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos municipales a las empresas del grupo Fitonovo. Unos contratos a cambio de los cuales, según el magistrado José de la Mata, PSOE e IU «percibieron distintas cantidades» o en el caso del PSOE, «consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron», como obras en sedes de la organización.

Según el auto de apertura de juicio oral, en concreto el PSOE «resultó beneficiada en un importe total de 159.839,36 euros» e IU de 155.000 euros. En total, el juez De la Mata ha dictado siete autos en los que abre juicio oral contra 88 cargos públicos, funcionarios y técnicos vinculados no sólo al Ayuntamiento de Sevilla sino de los de Algeciras (Cádiz) o La Carolina (Jaén), las Diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, además de delegaciones territoriales del Ministerio Fomento o la Consejería de Obras Públicas en Andalucía y administraciones canarias y extremeñas que contrataron con Fitonovo. Pero sólo en el caso de la pieza separada del Ayuntamiento de Sevilla cree que se lucraron no sólo personas físicas –que en algunos casos recibieron dádivas como móviles o reformas gratis en casa-–sino partidos.

Fue en Sevilla donde se inició esta investigación, a cargo de la jueza Mercedes Alaya –derivada del caso Mercasevilla, germen de los ERE– si bien al ver que el modus operandi de la empresa se extendía por el país, elevó la causa a la Audiencia Nacional. Según el instructor, Fitonovo creó una infraestructura para obtener «contratos públicos irregulares» mediante una red de contactos con «funcionarios corruptos» y creando una «contabilidad paralela» con «facturación falsa» para pagar sobornos a esos funcionarios. Esta trama se prolongó desde 1995 hasta 2013 y para el juez, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, «llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal». En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, además del PSOE e IU a título lucrativo, el juez procesa a los ex ediles de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García por prevaricación y cohecho y al ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo por cohecho y tráfico de influencias. También a los ex directores de Vía Pública y Medio Ambiente Domingo Enrique Castaño y Joaquín Peña Blanco respectivamente (ambos del PSOE), al ex asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, a cuatro funcionarios de Parques y Jardines, a tres responsables de Fitonovo y filiales. IU lamentó ayer que se vuelva a manchar el nombre de Torrijos, quien resultó absuelto en el «caso Mercasevilla». El PSOE calló.