La Cámara de Cuentas ya detectó irregularidades en las transferencias a IDEA

La apertura de nuevas diligencias de investigación por parte del magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, por un presunto delito «masivo» en la financiación de la Agencia IDEA.

La apertura de nuevas diligencias de investigación por parte del magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, por un presunto delito «masivo» en la financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha puesto de nuevo el foco sobre el uso de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía. Las dudas no son nuevas. Es uno de los pilares del «caso ERE» y ha suscitado debates jurídicos en todo el proceso de instrucción. Una de las bases de la acusación contra los ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la denominada pieza política es el informe de los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), en el que censuran el uso de las «transferencias de financiación» para dotar las ayudas socio-económicas de los ERE que abonaba la Agencia IDEA. En Andalucía, la Cámara de Cuentas también cuestionó esta figura presupuestaria en el ente público.

En una auditoría sobre «Fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)» relativa al ejercicio 2012, la Cámara de Cuentas advirtió, entre otras cuestiones, de que «en el proceso de elaboración de los presupuestos, las consejerías –principalmente la de adscripción– han realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada y han consignado como ‘transferencias de financiación de capital’ y ‘transferencias de capital de asignación nominativas’ (Capítulo VII), lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades de explotación concretas y específicas encomendadas por la Administración».

Entre otras repercusiones, la Cámara de Cuentas apuntaba que «La inadecuada clasificación presupuestaria y formalización de los expedientes de gasto ha tenido también incidencia en el proceso de fiscalización previa», ya que «no se advirtió por parte de la intervención delegada que el destino de los fondos eran actuaciones encomendadas por las consejerías y no equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, ni la financiación genérica de la estructura fija de la entidad».

El trabajo concluye que «por parte de la Agencia IDEA se ha incumplido el artículo 18 de la Ley 15/2001, que establece que las transferencias de financiación de explotación deben aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, y las transferencias de financiación de capital deben aplicarse en el ejercicio en el que se reciben o en el inmediato siguiente». Y advertían de que, «en todo caso, los remanentes deben ser objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía».

El Gobierno andaluz ya trabajaba en una nueva regulación para las transferencias de financiación a raíz del «caso de los ERE». De hecho, la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 introdujo un nuevo artículo 58 bis al Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el que se regulan las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria. La Consejería de Hacienda y Administración Pública aprobó la Orden de 30 de abril de 2014 que establecía «medidas específicas ya vigentes y medidas adicionales de control». El texto reconocía que «hasta el presente, las medidas de control de las transferencias de financiación se han recogido de forma dispersa en diferentes acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de control financiero permanente y en instrucciones de la Intervención General», por lo que se hacía necesario «un marco normativo integrado».

La cuestión es si en los años anteriores a ese reforzamiento de los controles pudo haber alguna irregularidad que sustente la investigación abierta por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. De momento, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguró ayer en un comunicado que no tiene conocimiento de «ningún procedimiento específico nuevo» sobre las transferencias de financiación de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA). También señala que las cuentas de la empresa pública «son transparentes, auditadas por la Cámara de Cuentas y por el propio Tribunal de Cuentas, que ya ha señalado que las transferencias de financiación son legales y aprobadas año a año en el Parlamento de Andalucía, dentro de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía».

Maldonado carga contra el PP

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, rechazó ayer la «estrategia de manipulación continua» llevada a cabo por el PP, todo con un único objetivo, como es «tapar el espectáculo soez que se vive en la Audiencia Nacional con los casos de corrupción que afectan al PP y a toda su cúpula directiva». El consejero indicó que este es un caso que «viene de lejos, es antiguo» y destacó que «las transferencias de financiación se destinan a financiar las actividades propias de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, en este caso IDEA».