La coartada de la operación «Juan Palomo»

El ex director gerente del CIO Mijas José Gutiérrez Muñoz descargó ayer la responsabilidad de las irregularidades que ha detectado la Guardia Civil y la propia Junta de Andalucía –que reclama el reintegro de 8,6 millones de euros– en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Intervención.

Se da la circunstancia de que la Presidencia del Consorcio le correspondía al director general de formación profesional para el empleo, el mismo que pedía las subvenciones públicas y en primer término tenía que revisarlas. Una operación «Juan Palomo», en palabras del diputado de IU José Antonio Castro, y que el ex alto cargo usó como principal coartada de defensa, al confiar en «una organización en la que la persona solicitante coincide con la persona autorizante y con la persona revisante». La Intervención, en cualquier caso, se ocupaba en último término de la fiscalización «a posteriori», al estar este órgano bajo control financiero permanente.

La estructura del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, en dique seco desde que se detectaron las irregularidades, es singular. Cuenta con participación mayoritaria de la Junta, aunque también interviene el Ayuntamiento de la ciudad malagueña, que aportó el solar para su construcción. A su vez, la gestión de los servicios fue adjudicada a una UTE de empresas que pagaban un canon anual de 300.000 euros.

Representantes de todas estas instituciones fueron detenidos en el marco de la «Operación Barrado» que puso en marcha la ex titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya. De hecho, el propio compareciente, al frente del consorcio entre 2003 y 2014 –cuando se incorporó de nuevo a la Inspección de Educación– fue uno de los detenidos, juntos a otros cargos como el ex delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña; o la directora de la UTE, Mariola Ustarán.

El grueso de las irregularidades se centra en los gastos no subvencionables que la Guardia Civil tasa en más de 750.000 euros. Incluye desde gastos de protocolo a dietas, o un controvertido arrendamiento de instalaciones que ayer pasaron de largo los cinco grupos parlamentarios que dirigieron preguntas al ex alto cargo andaluz.

Gutiérrez Muñoz adujo que todas las facturas fueron abonadas conforme «al procedimiento administrativo establecido», y contaban con el plácet del presidente y el visto bueno de la Intervención. «Los libros de cuentas anuales y el presupuesto –abundó– se enviaban a la Intervención de la Junta y también al Ayuntamiento de Mijas. También se remitía a la Consejería de Empleo con el certificado de la Intervención del consorcio». «Si se hubiese producido algún tipo de reparo por parte de la Intervención ese gasto hubiera ido a los corrales», deslizó. «Entendía que cuando recibíamos la subvención es porque habíamos hecho bien la justificación».

El CIO de Málaga es uno de los entes incluidos en las resoluciones de exoneración que dictó la Consejería de Empleo para excluirlos de justificar en tiempo y forma los fondos recibido y que así pudieran optar a nuevas subvenciones. Sin embargo, el ex director gerente alegó que la primera noticia que tuvo de las exceptuaciones fue «por la prensa». «No sabíamos que estábamos exceptuados».

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta del diputado del PP Miguel Ángel Torrico, lamentó la situación en la que se encuentra actualmente el consorcio después de haber sido una «fábrica de empleo de 2.000 jóvenes». «Como Boabdil, lloro la pérdida del CIO de Mijas todas las noches. Me da mucha pena ver que este centro tiene todavía la catalogación de centro de referencia nacional y es posible que se la quiten».

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