La «contribución» del juez Martín a los ERE, a punto de quedar «vista para sentencia»

El tiempo se le agota al juez de refuerzo que recaló en septiembre de 2013 en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el magistrado Álvaro Martín. El 31 de este mes finalizará su comisión de servicio y tendrá que regresar al punto del que partió: el órgano judicial también sevillano, pero de lo Penal número 2. Por el camino ha dejado su impronta en la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, gracias al respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha recordado en algunas de sus resoluciones.

La titular del juzgado instructor, María Núñez Bolaños, diseñó un plan de troceado para «agilizar» y «activar» el «macroproceso» –división a la que siempre se opuso la jueza que lo arrancó, su antecesora en el puesto Mercedes Alaya– y delegó en Martín la ejecución de buena parte del mismo. De hecho, el magistrado ha sido el encargado de dar por concluidas las investigaciones de tres de esas piezas. Una de ellas es la centrada en el «procedimiento específico» por el que se repartieron las ayudas de la Junta que soportaron los ERE y, por ella, será inevitable que se recuerde a Martín como el que procesó a los ex presidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a una ristra de ex altos cargos, por haber supuestamente prolongado la «ilicitud» de un fondo de 855 millones de euros, el llamado «de reptiles», durante una década. Las otras dos son las que giran en torno a las ayudas de 5,5 millones que en conjunto el Gobierno andaluz repartió entre las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica. Fuentes del caso apuntan que el grueso de la «contribución a la causa» del juez «ya está casi visto para sentencia». Y se explican. Respecto a los apartados del proceso antes mencionados, «le queda poco margen de maniobra», señalan, «dado que algunas defensas tienen de plazo hasta el 28 de diciembre para presentar sus escritos y él se va el 31». Con todo, lo que no descartan es que «aún pueda dictar algún auto de apertura de procedimiento abreviado en relación a otra de las piezas vinculadas a las ayudas que se le dieron a alguna de las entidades implicadas» en los ERE.

Más allá de lo que pueda hacer en el lapso que le queda, para otras fuentes de la causa, el magistrado «ha sido un punto intermedio» entre Alaya y Núñez. «Ni ha tenido el acero de la primera ni la prudencia de la segunda», condensan para añadir que, «como procedía de un juzgado de lo Penal, conocía la materia». Creen que «no ha aportado al procedimiento grandes novedades», sino que «ha seguido gestionando una gran cantidad de material» de forma «eficaz» y «motivando casi siempre con suficiente precisión».

Del otro lado, se atreven a poner al descubierto lo que entienden pueden ser «dos problemas» ligados a su instrucción: el primero es que «al haber solicitado voluntariamente ‘bajar’ desde un órgano de enjuiciamiento a uno de investigación en el que se instruía la ‘macrocausa’ de los ERE, y haberse ‘como pactado’ luego su nombramiento como juez de apoyo, pero titular en las piezas más delicadas del caso; ello podría estar en contradicción con el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y conllevar la nulidad de lo actuado». Respecto al segundo, plantean que, aunque en general «ha seguido las grandes líneas jurídicas que venían trazadas», en un momento dado «se apartó del guión del auto del magistrado del Tribunal Supremo (TS) –hasta el que llegó la causa porque había aforados– Alberto Jorge Barreiro en aspectos tales como la imputación del delito de malversación a Griñán, perdiendo desde entonces algo de equilibrio su trabajo».

¿Y qué pasará cuando se marche Martín? El grueso de las fuentes consultadas admite que «ahora mismo no hay ningún planteamiento concreto confirmado encima de la mesa», si bien, matizan que, de entrada, «Núñez volverá a recuperar el control de todas las ‘macrocausas’, incluida la de los ERE –a esta se suman la de los cursos de formación o los avales concedidos por la agencia IDEA de la Junta–», con lo que nada quedará desarbolado. Y lo hará con la asistencia del otro juez de apoyo con el que cuenta el juzgado desde febrero de este año, José Ignacio Vilaplana, antes juez de Adscripción Territorial en la capital hispalense, y quien «se ha venido encargando de los asuntos ordinarios».