La difícil coartada de Griñán

La comparecencia del presidente de la Junta esta semana en la Cámara autonómica sobre el caso de los ERE es uno de los acontecimientos parlamentarios del año que llevamos de legislatura.

La comparecencia del presidente de la Junta esta semana en la Cámara autonómica sobre el caso de los ERE es uno de los acontecimientos parlamentarios del año que llevamos de legislatura. Griñán lo hace a petición propia, empujado por la última «redada» de la juez instructora y la Guardia Civil, que se ha saldado hasta el momento con 22 detenidos, siete personas enviadas a prisión y registros en toda España.

El máximo mandatario andaluz ya asistió al Parlamento a dar explicaciones por este caso el pasado 25 de septiembre en la comisión de investigación de los ERE. Del interrogatorio de PP e IU salió tocado, con importantes interrogantes que dejó sin respuesta, pero más vivo de lo que en un primer momento se pensaba. Las nuevas revelaciones de la «Operación Heracles» hacen que ahora lo tenga aún más difícil. La juez Mercedes Alaya ha expresado en los últimos autos que las piezas del puzzle van encajando. Una de ellas, fundamental, es el engorde de la partida 31.L, la etiquetada como «fondo de reptiles», lo que proveía dinero sobrante para una derrama generalizada, dinero a repartir entre empresas mediadoras, «conseguidores», testaferros, sindicatos y altos cargos de la Junta. La Guardia Civil ha probado tras el examen de más de 400 cuentas de entidades bancarias cómo una parte del dinero irregular retornaba vía transferencia al ex director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero.

Todo apunta a que Griñán comparecerá en el Pleno el miércoles por la tarde. Lo más probable es que sea el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, el que le dé la réplica. Zoido, de otra forma, también se la juega de cara a sus 49 compañeros de bancada que lo van a estar escuchando. El PSOE quiere establecer un perímetro de seguridad y ya ha anunciado que habrá querella para preservar el honor del líder de los socialistas. No han puesto nombre al destinatario, pero es difícil que se libre Zoido, que ha acusado al presidente andaluz de ser el «cajero de los ERE». A continuación algunos de los puntos que seguro marcarán el debate.

«Cebar» la partida

A Griñán le salpican los ERE fundamentalmente por su gestión al frente de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Durante este tiempo elevó al Consejo de Gobierno numerosas propuestas para aumentar la partida 31.L. Un ejemplo es la que firmó el 27 de noviembre de 2007, aumentando esta partida en 7.448.503,42 euros. En la década que abarca la investigación la Junta «cebó» el «fondo de reptiles» en 132 millones de euros, un 17 por ciento del crédito inicial. Griñán se defiende argumentando que estas modificaciones contaban con dos informes preceptivos: uno de legalidad que hace la Intervención y otro de equilibrio financiero que hace Presupuestos. Sin embargo, la juez, en sus últimos autos, le apunta implícitamente. Acusa a la Junta de sobredimensionar la partida para aumentar el «negocio» de las comisiones. Hay otro aspecto que conviene recordar. El primer informe de fiscalización de los ERE de la Cámara de Cuentas recogía que las modificaciones se habían autorizado por el Consejo de Gobierno y por «el titular de la Consejería de Hacienda» entre 2001 y 2010 «sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprecia». Así lo recogía el polémico artículo 81. La Cámara de Cuentas lo borró en el informe definitivo.

La alerta de los informes

La Consejería de la que Griñán era titular recibió informes de la Intervención General avisándole de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que la fórmula elegida para vehicular el dinero, la transferencia de financiación, estaba generando un desmán general: desfases y partidas fuera de cobertura presupuestaria. Entre otros informes, le llegó el especial de 2003, que recepcionó en 2005, que ya señalaba un desfase contable de 38 millones de euros. Griñán ha alegado que nunca llegó a leer esos informes y que la Intervención se los remitió, sin acuse de recibo, para su conocimiento, no para que actuara. En su contra obra el duro escrito remitido al Parlamento por el ex interventor general que firmó esos informes. Señaló que la Intervención «advirtió hasta 15 veces de las irregularidades» y «ninguno de los destinatarios de las auditorías –Griñán incluido– hizo absolutamente nada durante casi 10 años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo».

El «pacto» de la mordida

El presidente andaluz ha defendido en todo momento que el sistema para el pago de las ayudas era legal. Frente a la manifesta opacidad y arbitrariedad para otorgar las ayudas ha esgrimido que «históricamente, las ayudas se deducían del pacto social». Es decir, hay una suerte de «pacto» que «está en la base de las ayudas». Así lo dijo en el Parlamento. De los últimos autos de la juez, se deduce que este pacto con los sindicatos para lo que sirvió es para que CC OO y UGT se llevaran una mordida millonaria, entre un 0,5 y un 1 por ciento de cada póliza.