La Fiscalía abre diligencias por los primeros casos de Atención Temprana

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias para investigar si se están vulnerando los derechos de los menores que reciben Atención Temprana en la comunidad y anuncia que formulará un informe-propuesta que podrá adoptar la forma de Decreto para que se ejecute la decisión que corresponda al Ministerio Fiscal.

Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana, acudió a finales de 2015 a la Fiscalía Provincial de Sevilla para denunciar la situación global de los menores con trastornos del desarrollo y el caso concreto de una niña, Vicky, que padece una hemiparesia (una disminución del movimiento sin llegar a la hemiplejia) que necesita con urgencia fisioterapia y logopedia. Al vivir en una pequeña pedanía de la Vega del Guadalquivir, el CAIT (centro de atención integral temprana) más cercano –es el criterio que sigue la Junta– sólo cuenta con una persona, que además es psicóloga. La pequeña llevaba desde enero de 2015 sin recibir fisioterapia porque la familia no disponía de medios económicos. El Fiscal Jefe de Sevilla, Daniel Valpuesta, reclamó a Guerrero toda la información por escrito. Tras remitir la documentación requerida, la pasada semana el portavoz de la plataforma fue citado por José Rogelio Muñoz Oya, Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior en Granada, que ha decretado la apertura de expediente gubernativo para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal se centra en la defensa y protección de los derechos de los menores y pasa a solicitar la información pertinente a las consejerías de Salud y Educación.

El actual modelo de gestión que ofrece la Junta a alrededor de 20.000 niños que requieren atención temprana en Andalucía origina situaciones muy delicadas. Hay menores de cero a seis años obligados a acudir a gabinetes privados porque la Administración no cubre sus necesidades, otros a los que se les ha recortado el número de sesiones o que han sido dados de alta en la CAIT por haberse incorporado al colegio, otros pendientes de evaluar... Antonio Guerrero prevee una cascada de expedientes desde las ocho provincias andaluzas. Sin ir más lejos, en las próximas horas la plataforma presentará en las respectivas fiscalías provinciales tres casos más de Sevilla, uno de Almería y otro de Córdoba. El goteo será constante mientras la Junta de Andalucía no ofrezca soluciones reales.

Desde la plataforma se busca una reacción por parte de la Consejería de Salud y antes de elevar los casos a la Fiscalía se remitirá un escrito a la Administración reclamando una respuesta adecuada.

Según Guerrero, la Fiscalía Superior se soprendió de que los menores no estuviesen siendo ya atendidos integramente por el Servicio Andaluz de Salud, uno de los puntos principales que la Plataforma reclama y que ha sido incluido tanto en la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento andaluz, con el único voto en contra del PSOE, como en el proyecto de Ley que se debatirá a finales de febrero o inicios de marzo, y que choca con el nuevo borrador de Decreto con el que la Consejería de Salud pretende contentar al sector.

De la reunión mantenida por Antonio Guerrero con el fiscal Muñoz Oya colige el primero que el Ministerio «entrará en la defensa y protección de los derechos de los menores, derechos que no están sujetos a disposiciones presupuestarias o protocolos; los derechos prevalecerán por encima de todo y máxime en un colectivo tan vulnerable».