La Fiscalía pide a la Junta proteger «sin limitación» a los menores con trastornos

La Plataforma de Atención Temprana ve «abierta» una vía de solución a los casos graves

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las diligencias abiertas en relación a la vulneración de derechos de los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo, denunciada por la Plataforma de Atención Temprana, en el convencimiento de que la Junta de Andalucía está poniendo «todos los medios legislativos, materiales, económicos, personales y de participación para dar respuesta y resolver un problema que requiere una profunda sensibilidad porque están en juego derechos de menores que configuran la personalidad». Lo que en un principio podría entenderse como un portazo a la reclamación realizada en el mes de febrero por Antonio Guerrero, portavoz de la mencionada plataforma, supone en la práctica un respaldo sin precedentes que ha de permitir «abrir puertas» para hallar soluciones en los casos más enquistados, dentro de los más de 20.000 niños afectados que existen en la comunidad.

En el decreto firmado por el Fiscal Superior de Andalucía, también se especifica que la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Educación y Salud (que aportaron al expediente toda la documentación sobre el funcionamiento del servicio), ha de «salvaguardar de forma clara, precisa y sin limitación alguna» los derechos del menor, exigiendo la «participación y colaboración de todas las personas y agentes implicados».

La Fiscalía también respalda el procedimiento de la Plataforma de Atención Temprana, que en los últimos meses ha remitido numerosos casos concretos para que la justicia actúe ante situaciones que colisionan con los intereses de los menores. Cuando «las familias, agentes o instituciones públicas o privadas entendieran que pudiera existir una deficiencia en el servicio con merma en los derechos de los menores, la remisión del caso concreto y determinado deberá realizarse a la Fiscalía Provincial correspondiente del domicilio del menor o familia, órgano competente, en su caso, para la investigación de los hechos y problemas surgidos», señala el decreto al que tuvo acceso este diario. Si la Junta no reacciona de forma contundente, la vía judicial puede generar un aluvión de reclamaciones para solventar las irregularidades que en la actualidad se producen en la gestión de un servicio vital.