La fundación de UGT-A ingresó de la Junta un millón en dos años

Catorce subvenciones públicas, cinco de ellas por encima de los cien mil euros, sirvieron para «levantar» la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa). En total, 981.000 euros con los que hasta cinco consejerías distintas traspasaron fondos a la entidad, ligada a UGT-A. Las ayudas se concedieron en unos casos de forma ordinaria, mientras que en otros se articularon convenios especiales para sufragar todo tipo de gastos derivados de su funcionamiento.

Además de esa contribución de la Junta, otros organismos colaboraron entre 2009 y 2010 con la Fudepa. La Diputación de Córdoba lo hizo con 7.200 euros; las extintas CajaGranada y Cajasol con 24.000 y 36.000 euros respectivamente. Un dinero que se habría destinado a «gastos generales» de ese periodo.

Por consejerías, Empleo y Justicia fueron las que más ayudas concedieron, cinco cada una. Cultura le dio dos menores para estudios sobre memoria histórica, mientras que Presidencia y Gobernación aprobaron una concesión cada una.

Las cantidades más abultadas se cargaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), integrado en la Consejería de Empleo, y que suscribió acuerdos por un montante cercano a los 600.000 euros. Entre sus fines, el «desarrollo de la Biblioteca Digital sobre Migraciones e Interculturalidad» y la «puesta en funcionamiento de la biblioteca auxiliar del archivo histórico de UGT-Andalucía». Sólo esos dos proyectos, de un año de duración, costaron 230.000 euros, pagados íntegramente por la Junta de Andalucía.

Dos más se referían a estudios de «sociología jurídica»; tuvieron un coste para las arcas públicas de 245.000 euros. En el análisis del las «necesidades de formación actitudinales transversales de los trabajadores de la comunidad autónoma de Andalucía» se invirtieron 120.000 euros de los 140.000 que había solicitado la fundación. Una cantidad enmarcada en las acciones públicas de formación continua que se gastó en solo siete meses, entre marzo y septiembre de 2009.

El otro gran contrato se logró a través de la Consejería de Presidencia. La Fudepa pretendía lanzar el área iberoamericana de su centro documental sobre migraciones y concurrió como una ONG para el Desarrollo a las ayudas convocadas en 2008. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente entonces de ésta, resolvió aprobar una contribución del 80 por ciento del presupuesto presentado por la Fudepa. De esta forma, pagó 199.000 euros por una acción que disparó su coste al implicar el traslado de personal a países latinoamericanos durante 24 meses. Según consta en la citada resolución, con registro de entrada en enero de 2009, se realizó un único pago por adelantado. El hecho de que el presupuesto total validado estuviera por debajo de los 250.000 euros –249.229,12–, evitó a la fundación adherida a UGT-A tener que encargar una evaluación externa del proyecto.

Las adjudicaciones referidas a estudios y publicaciones, apartado en el que le fueron concedidas seis, rondaban entre los 6.000 y 8.000 euros cada una. También se pagó la «tradicional» subvención del Premio Progreso para reconocer la labor y originalidad de proyectos municipales. Esa edición costó 25.500 euros.