La Guardia Civil duda ahora del Gobierno en el ERE de la Faja Pirítica

La jueza María Núñez ha pedido información al Ministerio de Trabajo sobre las ayudas concedidas por el Gobierno central a los mineros prejubilados en la Faja Pirítica de Huelva, un proceso de reestructuración empresarial que contó con financiación estatal y autonómica. Esta nueva línea de investigación que abre la sustituta de Alaya responde a una petición de la Guardia Civil.

Los agentes, en un escrito dirigido a la actual instructora de los ERE –a la espera de que lo diga el Consejo General del Poder Judicial– y al que ha tenido acceso este periódico, señalan que «se ha detectado cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años».

La Guardia Civil reclama información al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Huelva sobre «si por parte del Ministerio de Trabajo (o cualquiera de los departamentos que lo componen o a través de la Subdelegación del Gobierno) se solicitó al INSS los coeficientes reductores de los mineros afectados por dicha crisis, en concreto si lo realizó en los años 2003 y 2004».

La petición del Instituto Armado, que asume la jueza Núñez Bolaños, plantea dos hipótesis de trabajo, «ambas con posible reproche penal». La primera opción es que «por parte del Ministerio no se solicitó en ningún caso dichos coeficientes»; la segunda es que sí lo hizo «y al comprobar que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos».

No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se pronuncian sobre el ERE de la Faja Pirítica, uno de los más importantes de los que se investigan. En anteriores trabajos habían desechado cualquier irregularidad por parte del Ministerio de Trabajo, llegando a destacar que había cumplido con la ley y con los plazos de pago a los prejubilados. Ahora, los agentes, con el respaldo de la nueva jueza, reclaman más información.