La Guardia Civil oxigena a la Cámara de Cuentas

Rebate un escrito del ex interventor general de la Junta en el que se cuestionaba la autenticidad de documentación aportada.

En el verano de 2012 se produjo un voltaico choque entre órganos fiscalizadores de la Junta a cuenta del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. El ex interventor general Manuel Gómez y la Cámara de Cuentas autonómica se recriminaron mutuamente no haber puesto freno al presunto fraude. Pero la mecha había prendido antes, en mayo, cuando se difundió a los medios de comunicación un borrador de un informe sobre los ERE de la Cámara en el que se aseveraba que la Intervención «debió emitir» el denominado informe de actuación ante la pasividad del Gobierno andaluz frente a las anomalías detectadas. La filtración provocó la reacción de Gómez, ya que el trabajo aún estaba en periodo de alegaciones. De hecho, en la versión definitiva de éste suavizó entre puntos ése, que quedó redactado como sigue: «La ausencia de informe de actuación sólo puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Pero hay disensiones que no destiñen con el tiempo y ésta aún colea.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado ahora al juzgado instructor de los ERE, el número 6 de Sevilla, un oficio en el que se refuta lo expuesto en un escrito presentado por la representación procesal de Gómez, investigado –antes imputado– en el «macroproceso», en el que se ponía en tela de juicio la autenticidad de un archivo de texto nombrado como «G3-1 Necesidad del Informe de Actuación» y remitido al juzgado como un memorando de trabajo por la Cámara de Cuentas. Lo cuestionaron agarrándose al contenido de los metadatos de aquél. El ex interventor general de la Junta defendió que, según las propiedades del documento, habría sido creado el 28 de junio de 2012, un mes y 12 días después de terminado el trabajo de auditoría, lo que, para Gómez constituiría «un poderoso indicio de su falta de autenticidad como documento de trabajo». Sospecha que extendió a otros documentos de la misma remesa y al global de lo aportado a la causa por la Cámara de Cuentas.

La UCO, a la que mandataron practicar diligencias sobre este asunto en marzo de 2014, considera, sin embargo, que los datos expuestos por el ex cargo de la Administración para sustentar esa conclusión «no parecen tener un alto valor probatorio». Tras explicar al juzgado, incluso con la inserción de imágenes en un informe policial de siete páginas, una serie de pruebas realizadas con los metadatos de un archivo del programa de tratamiento de texto «Microsoft Word», la Guardia Civil hace notar, entre otras cuestiones, que la fecha de creación del documento puesto en duda, «pudiera corresponder en realidad a la fecha de inserción del archivo» en «el último sistema informático» desde el que «se realizó alguna operación sobre el mismo», como, por ejemplo, desde el que se llevó a cabo «la correspondiente copia para adjuntar el informe al presente procedimiento». Advierte también en su oficio, al que ha tenido acceso LA RAZON, de que el nombre del usuario creador del documento, al que se aludía en el escrito de Gómez, se puede modificar de manera manual. Y a ello suma la UCO que la mera preparación en sede judicial de los archivos de la Cámara de Cuentas para enviarlos a las distintas partes personadas en el proceso de los ERE podría haber dado lugar a «al menos una visualización y/o modificación» de éstos. En definitiva, los investigadores rechazan, y así se lo han hecho saber al juzgado instructor, lo argumentado por Gómez sobre la documentación con el sello de la Cámara de Cuentas.

Para el ex interventor, «del atestado se desprende que la UCO no ha practicado ninguna diligencia, como le ordenó el juzgado». «A menos que se entienda –matiza a este diario– , que es una diligencia de la Policía Judicial abrir varias veces un archivo de texto».