La instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta

La Audiencia Nacional decidirá sobre el primer encausado, un jefe de servicio de Medio Ambiente, en el bloque del «cártel del fuego»

Pese a algún movimiento defensivo y un envío de parte de lo actuado a la Audiencia Nacional donde han acabado los movimientos del llamado «cártel del fuego», la investigación judicial que gira en torno a las presuntas irregularidades en la contratación de medios aéreos para el plan contra incendios del Gobierno andaluz, el etiquetado como «caso Infoca», ha dado un salto cualitativo. La instructora, la jueza María de los Reyes de Flores, ha citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a cinco miembros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comandada por José Fiscal, que se han sumado así al jefe de servicio de contratación de ese departamento Antonio M. L., señalado desde hace meses. Lo ha hecho a petición de la federación de Ecologistas en Acción de Sevilla, organización personada en la causa casi desde su arranque, y los lanzados al campo de batalla legal son participantes de alguna u otra forma en contrataciones del Infoca relativas al periodo temporal comprendido entre 2013 y 2018.

Se trata de Ernesto E. V., ex director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios Forestales; Manuel D. C., actual subdirector del mismo; Francisco Javier M. R., director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, de cuya área depende la lucha contra el fuego; Ángel Francisco P. M., interventor delegado; y Dolores Esperanza L. M., asesora técnica en extinción de incendios del Ejecutivo autonómico.

De Flores, titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, ha entendido que existen indicios suficientes para atender la solicitud de Ecologistas en Acción de que se analice si al menos esos nuevos cargos de la consejería –no eran los únicos cuya encausación se demandó– han podido cometer un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de medios aéreos y a través de una providencia, fechada el 5 de septiembre a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, los convoca el próximo 25 de octubre a las 9:30 horas en sede judicial para ser interrogados y escuchados, si no se acogen a su derecho a callar. Una resolución de la magistrada contra la que Faasa Aviación, una de las empresas implicadas en la supuesta colusión –pacto entre entes para perjudicar a terceros– que, según la Policía, pudo haberse dado en la asignación millonaria de los medios aéreos del Infoca, ya ha interpuesto un recurso de reforma, consultado también por este periódico, al entender que no es «ajustada a derecho».

La entidad considera que el desfile por el juzgado de los cinco investigados más no procede, dado que es contradictorio con la inhibición de la instructora a favor de la Audiencia Nacional para que sea ésta quién desmenuce los «hechos relativos a los contratos de extinción de incendios forestales». La representación procesal de Faasa pide a la jueza que vuelva sobre sus pasos y dicte una nueva providencia en la que aclare si a pesar del envío a Madrid el juzgado sevillano va a continuar con sus indagaciones y las declaraciones previstas se mantienen o si, por el contrario, éstas se suspenderán hasta que «se reciba resolución del juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid –la Audiencia Nacional–» en la que se «ponga de manifiesto si acepta o no» la competencia para asumir la parte del «caso Infoca» que le ha sido elevada.

A la espera de la réplica de De Flores, se ha producido otra novedad ligada al primer encausado de la Junta por prevaricación, el jefe de servicio y presidente de la mesa de contratación protagonista de la denuncia de un funcionario de Medio Ambiente que dio origen a la causa, Antonio M. L. Una letrada del Gobierno regional ha pedido a la instructora, vía escrito, que aclare la situación en la que se encuentra el cargo del Ejecutivo andaluz. Pretendía conocer si su actuación integraba o no el bloque remitido a la Audiencia Nacional. En un auto, fechado también el pasado 5 de septiembre, De Flores deja claro que Antonio M. L. continúa en la categoría de investigado, si bien, matiza que, en efecto, en la resolución en la que acordó su inhibición no se hacía «expresa referencia a la situación procesal» del jefe de contratación de la consejería. «Siendo así –añade a continuación– que se halla incluido en la investigación que se estima concurrente con lo instruido en Sagunto –un juzgado de este enclave valenciano fue el primero en diligenciar a Madrid lo relativo al «cártel del fuego»– y con ello procede declarar expresamente que la actuación del mismo» se hilvana a «tales hechos» y que «su imputación» ha pasado a formar parte de lo que depende de la Audiencia Nacional «a los efectos oportunos». Al margen de esas diligencias, en Sevilla la Policía ha abierto otras líneas de acción al haber observado, y no es lo único, «un ineficaz control» por parte de la Junta «a la hora de detectar posibles abusos llevados a cabo por empresas conocedoras del ‘chollo de las subvenciones’ –ayudas para formación o innovación– hasta 2009», ejercicio a partir del cual aquél se incrementó, como ya adelantó este diario.