La Intervención pone el foco en otras 25 ayudas por 11,4 millones

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han entregado un nuevo informe a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, María Núñez Bolaños, en el que concluyen que la Junta de Andalucía concedió ayudas por valor de 11,4 millones de euros a 25 particulares, empresas y ayuntamientos como el de Guadalcanal (Sevilla) «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», entre otras supuestas irregularidades. Estas 25 ayudas se sumarían a las más de 200 que componen la causa y que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pretende agrupar en una pieza, correspondiente a la investigación de cada una de las ayudas sociolaborales concedidas de manera directa. En este quinto informe adicional elevado al Juzgado, fechado el 23 de julio, los peritos de la Intervención del Estado analizan las ayudas concedidas a Antonio Diana Expósito, Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), Atarazanas de Constantina, Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico, Restaurantes Andaluces de Calidad, Coflosur, SCA Virgen de Belén o El Venero de Móstoles.

Los peritos, igualmente, analizan en este informe las ayudas dadas a Eustaquio Reina, Gestión Turística del Sur, Hotel Posada del Moro, Iniciativas Turísticas Sierra Morena, Isidoro Ruiz Espígares, José Gómez Muñoz, Lógica Estratégica Empresarial, Olivar de los Infantes, Pema, Jamones y Embutidos, Refractarios Andalucía, Refractarios Guadalcanal, Refractarios Sevilla, Refractarios y Derivados, SAT Virgen del Espino, SCA Virgen del Robledo y Sevilla Siglo XXI.

En el caso de la ayuda de 180.303,63 euros concedida a la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), los peritos relatan que esta asociación se constituyó en 1996 como resultado del movimiento participativo de un grupo de padres concienciados con la problemática de la finalización de la estancia en el colegio de sus hijos discapacitados, teniendo como objetivo, con dicha ayuda, la creación de una pequeña empresa de hostelería. Además, los peritos aseveran que la documentación obrante en el expediente «es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».

Los peritos también destacan las ayudas por un importe total de 342.576,87 euros concedidas al Ayuntamiento de Guadalcanal, divididas en 72.121,45 euros en 2002 para financiar el mantenimiento de un stand en la Feria de Emprendedores al objeto de «difundir a los visitantes en general y a los emprendedores en particular el conjunto de actuaciones de la Consejería de Empleo», 120.202,42 euros en 2003 para financiar la «celebración de la Feria de Emprendedores», y 150.253 euros en 2004 «para sufragar algunos de los gastos» de la celebración del V Encuentro Regional Andalucía-Extremadura.

En el análisis del conjunto de las ayudas, los peritos dicen en este informe que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho», a lo que se suma que la Consejería de Empleo habría concedido las ayudas «con cargo a un concepto presupuestario inadecuado». Además, la concesión de las ayudas «ha sido realizada por el titular de la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello», mientras que «no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones».