La juez Alaya pide al fiscal que informe sobre el tribunal de los aforados

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha anunciado hoy que están terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso y pide al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal competente para instruir la causa respecto a ellos. En una providencia, la juez de instrucción 6 de Sevilla informa de que ya se han practicado todas las diligencias necesarias respecto a los aforados, que son los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco exconsejeros.

Por ello, pide a la fiscalía Anticorrupción que se pronuncie antes del lunes sobre el tribunal competente para seguir investigando la causa respecto a ellos, lo que fuentes del caso interpretan como anticipo de una inminente inhibición, posiblemente antes de finales de julio, ante el tribunal superior correspondiente.

Los "preimputados"son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y el 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre el 2009 y el 2013; José Antonio Viera como consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, y Carmen Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento desde 2009 al 2013.

También están "preimputados"Manuel Recio, consejero de Empleo entre el 2010 y el 2012; Francisco Vallejo como titular de Innovación entre el 2004 y el 2009, y Antonio Ávila como consejero de Economía e Innovación desde el 2010 a 2013.

De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador.

Los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.

La causa de los ERE acumula ya 201 imputados, de los que una treintena son exaltos cargos de la Junta y algunos de ellos exconsejeros aunque en la actualidad no están aforados, como es el caso de Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010).

La juez Alaya lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de las últimas semanas a imputados que se acogieron a su derecho a no declarar.

Alaya debe elevar a tribunal superior correspondiente una "exposición razonada"con sus indicios contra los aforados.

La magistrada ha anunciado en autos recientes el "inminente fin"de la instrucción, aunque fuentes del caso destacan que hasta ahora apenas se ha investigado el 5 por ciento de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias"para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

En un escrito del pasado 31 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió de nuevo la elevación al Supremo porque la investigación "está ya agotada en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero"y la juez ha dejado de ser la competente para seguir instruyéndolo.

Anticorrupción ha pedido también que la causa se divida en piezas, una por cada ayuda investigada y otra para los aforados, con objeto de "simplificar y agilizar"el procedimiento, aunque este último aspecto ha sido rechazado por la juez, quien el pasado abril afirmó que tal posibilidad produciría "un auténtico caos procesal".

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.