La jueza avanza para declarar compleja la pieza formativa de Faffe y baraja hacerlo con el resto

Avanza con lentitud, según han denunciado fuentes policiales, pero algo se mueve en la investigación de la «macrocausa» sobre los cursos de formación que dirige desde el pasado junio la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Troceó el proceso en piezas separadas, como el de los ERE, de acuerdo a los deseos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Junta, y en contra del criterio de la jueza que abrió los dos, Mercedes Alaya. En concreto el caso de los cursos lo ha dividido en nueve bloques: tres centrados en entramados empresariales (entre ellos el del ex consejero Ángel Ojeda), cuatro en consorcios creados por la Junta de Andalucía (Ciomijas, Formades, Forman y CTI); otro ligado a la extinta Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y el último que tiene al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como protagonista.

Si en un auto fechado el 22 de febrero, Núñez Bolaños declaró de especial complejidad la armada en torno al SAE, de acuerdo a lo establecido por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese mismo día firmó otra resolución en la que incoa las diligencias previas relativas a la Faffe. En el auto, consultado por LA RAZÓN, la magistrada expone que en ellas se analizan «la concesión, tramitación y destino» dado por la fundación del Gobierno andaluz a subvenciones concedidas para formación. Hace constar que los hechos investigados en torno a la Faffe, beneficiaria de ayudas por 49,5 millones de euros, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La instructora mandata además a que se practiquen una serie de diligencias que incluye pedir a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la conveniencia de «instar el presente procedimiento como causa de especial complejidad», como ya se ha hecho en relación a la pieza del SAE, lo que implicaría que la investigación podría prorrogarse otros 18 meses, para superar los seis que, como plazo general, fija ahora la ley modificada para sacar adelante una instrucción. Fuentes judiciales avanzan a este periódico que la intención de Núñez es que «todas las piezas» desgajadas de la matriz de los cursos de formación «sean declaradas complejas».