La jueza frena el aporte de documentación que la Fiscalía cree «imprescindible» para «avanzar»

Entiende que no son «necesarios» acuerdos del Consejo de Gobierno, atestados o una pericial de la IGAE

Sí da a la agencia investigada diez días para aportar unos datos reclamados por la Intervención de la Junta

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, deja claro a menudo que todo lo que pasó se ha ido y que no es otra: que no es su antecesora al frente del órgano judicial, Mercedes Alaya. En el ámbito del proceso en el que se investigan presuntas irregulares en avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA de la Junta –antes IFA–, que Núñez acotó de inicio a 18 empresas de las múltiples que pretendía analizar Alaya, la magistrada ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra una resolución suya de marzo de 2017 en la que rechazó que se aportara una serie de documentación a la causa.

En el auto, fechado el 29 de junio pero notificado el pasado 4 de julio, se deja meridiano al Ministerio Público, a través de una conjunción de párrafos, una idea-fuerza: peticiones «genéricas» de documentos que aquél considera necesarios para avanzar, no hacen «sino crear mayor complejidad innecesaria» en un caso «ya de considerable entidad», según la instructora, pese a la rebaja. Entiende Núñez que no resulta «esclarecedor ni necesario» para el proceso contar con «todos los acuerdos del Consejo Rector de Gobierno de la Junta» en los que «se hayan ratificado los avales» dados por IDEA, «con los correspondientes expedientes de propuestas previos» a los mismos; ni con «las actas de las sesiones de la Comisión de Viceconsejeros» anteriores a «cada uno» de ellos. En cuanto a la unión a los autos de dos acuerdos del Consejo de Gobierno, uno de 14 de octubre de 2008 y otro de 22 de junio de 2010, con sus precedentes administrativos, tampoco «procede su práctica». La jueza puntualiza que, «sin perjuicio» de que se valore la idoneidad de la documental en el futuro, si la Fiscalía la justifica, «por ahora», ésta no es «pertinente» en «una investigación ya definida». Recuerda en su auto, consultado por LA RAZÓN, que se le ha pedido un informe pericial a la Intervención General de la Junta (IGJA) y «habrá que estar a su resultado». «Constatar –añade–, si como expone la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil–, existen o no irregularidades que convierten las resoluciones en arbitrarias, menoscabo y desvío de fondos públicos». Si de ese informe, mantiene la instructora, «resultase la existencia de indicios de comisión de ilícito penal» en alguna de las ayudas investigadas, sólo entonces, «sería el momento para recabar la documentación». Y «sólo» la referente a ésas y no a la totalidad de los incentivos asignados gracias a órdenes de la Junta. E insiste, dicho de otro modo: «En realidad, decidir en este momento qué documentación es relevante a la causa resulta precipitado, puesto que por ahora trabajamos sobre una hipótesis elaborada por la UCO que, partiendo de lo que consideran irregularidades administrativas, sostiene la existencia de una irregular financiación». Para Núñez, las diligencias que se practican en un proceso judicial «han de ir, necesariamente dirigidas al esclarecimiento de los hechos» que se diseccionan. No resulta ajustado a derecho, a su parecer, practicarlas o «traer documentación» al caso «sin motivación» con el «sólo» fin de «buscar más allá de lo que constituye el objeto de la investigación».

Hay más similar. En una providencia fechada un día antes, el 28 de junio, la jueza se niega a otra petición realizada en varias ocasiones por la Fiscalía en la causa. Ésta urgía a reclamar a la UCO y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) atestados sobre ayudas y una pericial pendientes, al juzgar que son «absolutamente imprescindibles» para progresar en la investigación. Si bien, Núñez dice «no», al estimar que «no ha lugar a retrotraer las actuaciones». Lo que sí hace es dar a la agencia IDEA diez días de plazo para que aporte al juzgado «fecha, objeto e importe» de ayudas sociolabores a empresas que la Intervención General de la Junta ha trasladado a la magistrada que necesita para poder pronunciarse sobre si «la simultaneidad constatada de ayudas sociolaborales y de salvamento y reestructuración es contraria o no a las normas que resulten de aplicación». Fue un encargo de la instructora.

Otros 18 meses de prórroga

En un último auto del 30 de junio, al que también ha tenido acceso este periódico, la magistrada resuelve otra cuestión que estaba sobre la mesa, esta vez sí en línea con lo planteado por Anticorrupción: acuerda declarar «la prórroga de la complejidad de la instrucción» en un proceso en el que se estudian «numerosos hechos punibles» y están implicados «gran cantidad de «encausados». Se han ganado 18 meses más.