La Junta aboga por adaptar la Ley de Minas a la realidad medioambiental y cultural de Andalucía

El titular de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, hizo ayer un quiebro a un conflicto: apuntó en comisión parlamentaria una posible salida a la polvareda que se ha levantado en torno al concurso minero que pesa sobre la Sierra de la Utrera, ubicada en el término municipal de Casares (Málaga).

El consejero tenía que responder a una pregunta sobre otro concurso de registros mineros ligado a la Sierra de Esparteros de Morón de la Frontera (Sevilla) pero sus palabras son aplicables al torcal malagueño. En ambos casos la Junta afirma que se trata de permisos de investigación que se han llevado a cabo cumpliendo «estrictamente» lo establecido en la normativa vigente, esto es, «la Ley de Minas». Una norma que, recordó Carnero, fue aprobada «hace más de 44 años» y obliga al Ejecutivo regional a «sacar a concurso los derechos mineros caducados» sin tener en cuenta escenarios como el que se ha planteado en Casares donde una plataforma se opone al concurso por el valor patrimonial y paisajístico del enclave. Carnero abogó por «modificar» la ley, entre otras razones, precisamente porque «no toma en consideración la existencia de normas y condicionantes medioambientales, urbanísticos y culturales, que pueden determinar decisivamente la ordenación de la actividad minera». De hecho, avanzó en la Cámara que así se lo ha trasladado ya su departamento a «la Administración General del Estado». Se han proporcionado al ministerio, dijo, propuestas de cambio y recaban la opinión del sector para que «la necesaria adaptación de la ley básica estatal a la realidad» del mapa andaluz «se realice cuanto antes».