La Junta abrirá un frente para que la financiación dependa de la población

Un modelo autonómico solidario que permita «más crecimiento, más empleo y más justicia social». Y la única vía para conseguirlo es que la población se establezca como el factor dominante y determinante. Así lo viene expresando el catedrático de Hacienda Pública, José Sánchez Maldonado, a la sazón consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cuyas premisas han sido indiscutibles dentro de la política económica del anterior Gobierno andaluz. Ahora, con la negociación del nuevo modelo pendiente y sin fecha, querrá defender en primera persona sus planteamientos.

La base de su argumentario es que el aporte estatal a las comunidades se calcule en función de la población, la misma línea que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero –que será quien participe en las negociaciones–, evidenció el pasado jueves. Actualmente, el PIB comunitario es el que determina el margen financiero de cada región. Y ahí Andalucía sale ampliamente perjudicada.

«Preocupado» por el modelo

Las críticas de Maldonado a Cataluña por el pacto fiscal son conocidas. De hecho, el «gurú» económico del PSOE andaluz ha publicado artículos desacreditando a una región a la que otorga «una desagradable realidad fiscal».

En un análisis de julio de 2012, el ahora consejero alertaba de que la pretensión de Cataluña de imitar el modelo vasco tendría consecuencias nefastas para nuestra comunidad. «Hay motivos para estar preocupado», aseguraba. Un año después, con la Consejería de Economía en sus manos, posee las herramientas para pelear por el modelo por el que ya apostó –sin éxito– la Junta. El reparto por población se sostiene, asegura, en que si una comunidad debe gastar más en mantener servicios básicos como la sanidad y la educación, lo lógico es que perciba mayores ingresos para poder hacerles frente. Sin embargo, la capacidad económica –el PIB– se impuso en la negociación «in extremis» que mantuvo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). La consecuencia de ese cambio sustancial tuvo el efecto contrario al pretendido con la fundación del estado autonómico: «Las regiones más ricas disponen de un mayor margen de maniobra a costa del resto», auguraba el consejero.

El órdago soberanista del presidente Artur Mas al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha puesto en alerta al resto de comunidades, que no quieren ser espectadores de una más que probable negociación bilateral que beneficie a Cataluña. La postura de la Junta supondrá reabrir el enfrentamiento con el Ejecutivo central y con comunidades contrarias al fondo solidario. Porque precisamente Andalucía estaría incluida en las llamadas «regiones pobres». De hecho, históricamente ha venido percibiendo las cantidades más abultadas derivadas de los llamados fondos de solidaridad –antes de Cooperación y actualmente de Compensación Interterritorial–. Esta figura, sin embargo, ha ido perdiendo peso en los últimos cuatro ejercicios, pasando de los 500 millones recibidos en 2010 a los 205 de este año. La aportación «comunitaria» se ha reducido en un 59,2%, precisamente en el momento de mayores dificultades económicas y de financiación de la Junta.

Ferviente defensor de las ayudas como vía de crecimiento –como así lo demostró en su ponencia sobre la política de cohesión comunitaria (de la Unión Europea, en este caso)–, si las ideas del catedrático prevalecieran, los números serían aún más favorables para nuestra comunidad. Realizando el cálculo por habitante, Andalucía ocuparía el quinto puesto por ingresos recibidos, no el primero. Según datos de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, por delante se situaron Extremadura (con 141 euros por habitante); Asturias (129); Galicia (128) y Castilla y León (123). A la región de España más poblada sólo le correspondieron 61 euros por habitante.

El actual modelo nació en 2009 con muchas críticas por auspiciar la desigualdad entre regiones. Cuatro años después, las comunidades, con la lección aprendida, preparan sus ofensivas para la crucial cita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Desde Andalucía, la confrontación está asegurada.