La Junta acusa a la Policía de «equivocarse» en su informe sobre las contratas de EPES

El contexto de la intervención era la causa judicial en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), en esencia ligados al servicio aéreo del 061. La Policía había culpado a la Junta en un informe de agravar, con su «aparente inacción» prolongada en el tiempo, la situación de «oligopolio» que se da en el sector aeronáutico y que habría llevado a la Administración a «ceder a las necesidades» de las licitadoras en los concursos, pese a que esto redundara «en aspectos tan delicados como la ampliación del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas 45 minutos, o a la utilización de aeronaves de más de 20 años de antigüedad».

La titular de Salud, Marina Álvarez, intentó ayer en comisión parlamentaria suavizar los bordes de esas acusaciones, pertrechada con las conclusiones de un análisis interno de lo sucedido que se ha llevado a cabo, dijo, en el seno de EPES. La consejera expuso que el servicio en cuestión a cubrir es «muy especializado», está sujeto a una regulación europea «muy estricta» y que en Andalucía «se externaliza lo mínimo –helicóptero, piloto y mecánico–». Admitió de forma tácita la existencia del oligopolio al que aludía la Policía al explicar que «sólo son tres las empresas autorizadas por la agencia española de seguridad aérea para la explotación de helicópteros» cosidos a las emergencias médicas «y una de ellas dejó de prestar servicio, quedando por tanto dos en la actualidad». «Nos gustaría que hubiese más competencia y más ofertas, pero es algo que no depende de las administraciones que realizamos esta contratación», reconoció, para sostener luego que si no se hizo ninguna denuncia a la Agencia de Defensa de la Competencia andaluza sobre la supuesta colusión o concertación entre sociedades en el caso de EPES es «porque no ha habido sospechas». «Son muy pocas empresas las que existen para prestar este servicio», insistió Álvarez. Y añadió que en «el último concierto se presentó solamente una», como sucede «en la mayoría de las comunidades», deslizó a modo de respiración artificial por comparación.

La imputación de que la Junta se amoldó a las exigencias de una entidad en concreto porque se permitió un tiempo de respuesta de 2 horas y 45 minutos, la consejera la achacó a una «equivocación» de la Policía que habría «confundido» dos conceptos: el «tiempo de activación» que se les pide a las licitadoras que indiquen, con el mencionado periodo de casi tres horas que se correspondería con la respuesta de una mercantil a la que se le solicitó que anotara cómo y en cuánto prestaría un servicio de vuelo nocturno, pese a que éste «no se realiza prácticamente nunca». Defendió que los investigadores confundieron «aspectos con la antigüedad», que «no tiene relación con la seguridad», según alegó, dado que «existe una serie de controles que aseguran que los helicópteros cumplen los requisitos» para el servicio sanitario.

La Policía puso el foco además en un concurso que acabó derivando en un procedimiento negociado sin publicidad en el que las nuevas condiciones sólo se le comunicaron a una licitadora. En relación a ese punto, Álvarez relató que se trataba de un expediente de 2012/2013 que «es un poco especial». Condensado, expuso que, tras quedar desierta la adjudicación «de uno de los lotes correspondientes a los helicópteros con base en las provincias de Córdoba y Sevilla», se licitó de nuevo en Córdoba de forma negociada y sin difusión, de acuerdo a lo fijado en el artículo 170 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Puntualizó que, en efecto, se invitó a participar «al único licitador que había presentado una oferta conforme con los requisitos formales exigidos por el procedimiento abierto precedente». ¿Por qué sólo a aquél? Así lo marca la normativa, se justificó.

A las críticas formuladas por las parlamentarias de IULV-CA y PP-A, Inmaculada Nieto y Ana Mestre, respectivamente, por la falta de un helicóptero con base fija en Cádiz, la responsable de Salud replicó que los aparatos con los que se cuenta «son para toda Andalucía» y atienden a toda la comunidad, «con independencia de donde estén ubicados».

El momento con más nervio de la comparecencia parlamentaria de la consejera fue un rifirrafe que protagonizó con el diputado andaluz de Podemos Juan Antonio Gil, quien le reprochó que podía interpretarse que hablaba de parte de las «empresas que parece que presionan» y llegó a dudar de si su «tono de tranquilidad» había sido presuntamente recomendado «por los abogados de estas mercantiles». A la aludida, le pareció «lamentable» que deslizara que si estaba o iba «asesorada por los abogados» de una entidad. Gil acabó pidiéndole disculpas, si bien lanzó que, «si al final se ratifica la denuncia», confía en que «haya responsabilidad política», ya que «los andaluces merecen que se vele por sus intereses y no por los de mercantiles».

Álvarez pide “prudencia” a la oposición

La titular de Salud confirmó que el juzgado que instruye el proceso, el número 8 de Sevilla, ha reclamado documentación a la Junta en dos ocasiones: en julio de 2017 cuando se le requirieron a EPES expedientes de adjudicación de los servicios de fletamiento de aeronaves desde 2010 y el pasado 12 de enero sobre la composición del órgano y la mesa de contratación de cada uno de aquéllos. En ambos casos se remitió. La consejera garantizó que seguirán «colaborando» con la Justicia y pidió a la oposición «prudencia».