La Junta admite que dio a UGT 1,2 millones para obras en dos centros

El sindicato renunció a la ayuda y devolvió el anticipo que le habían otorgado más intereses

La luna de miel entre la Junta y el sindicato UGT se acabó hace más de dos años, cuando la segunda comenzó a acaparar titulares por el presunto mal uso de los fondos públicos que le concedió la primera. De hecho, esas informaciones provocaron que el Gobierno andaluz arrancara una investigación interna que dio lugar a que ya en octubre de 2014 reclamara en firme al sindicato el reintegro de 15,3 millones de euros por ayudas sin justificar. Una cantidad a la que éste no podría hacer frente, según ha admitido en varias ocasiones su secretaria general, Carmen Castilla. En relación a esas subvenciones con cargo a los arcas públicas, el Ejecutivo regional reconoce que le concedió una a UGT-A cuyo objeto fue «la realización de obras en dos centros de formación» distintos. Según ha podido saber LA RAZÓN se trataba en un caso de la ampliación de uno en Málaga y en el otro de una rehabilitación como instalaciones formativas en Córdoba ¿A cuánto ascendía la ayuda? De acuerdo a la información proporcionada ahora por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, recogida en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) de ayer, la cuantía global fue de 1.200.000 euros.

El PP andaluz había preguntado por ese expediente de la Dirección General de Formación y una de las cuestiones que quería conocer es si éste estaba liquidado y si existía alguno de reintegro iniciado respecto a esa subvención. Y de ser así, en qué fecha se inició, por qué motivo y por qué importe. Sánchez Maldonado reconoce en su respuesta que «no ha lugar» a éste, dado que la organización sindical «renunció antes de la liquidación presentando la devolución del anticipo» de los fondos que se le habían otorgado, a lo que sumó «los intereses de demora a través de tres documentos». Es decir, UGT no cobró los 1,2 millones.

En relación a las infraestructuras para formación, la Cámara de Cuentas de Andalucía advirtió, en un informe de fiscalización vinculado a las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la formación profesional publicado en 2014, de que los fondos destinados a la organización de cursos no podían destinarse a la construcción de edificios. Se refería en concreto a dos ayudas de 1,3 millones de euros y 2,6 destinadas a UGT-A y CC OO, respectivamente, que se justificaron en base a la Orden de octubre de 2009, si bien, está no preveía «ese tipo de objeto como subvencionable», a la luz de lo reflejado en su trabajo por el órgano fiscalizador.