El debate de los impuestos

La Junta alcanza por primera vez los 15.000 millones por recaudación de impuestos

El aumento de dos dígitos de tributos vinculados al «ladrillo» demuestra que el sector ha renacido después de la burbuja.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Monterolarazon

Los datos económicos han entrado definitivamente en una senda positiva. Más allá de la precariedad laboral o de las desigualdades arrastradas en los diez años de crisis, el engranaje de la macroeconomía está funcionando. En este sentido, son llamativas las cifras de recaudación de impuestos de la Junta y de sus agencias administrativas en 2017 recién publicadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La región ha superado por primera vez en su historia los 15.000 millones de euros, con un incremento del 4,78 por ciento respecto a 2016. En 2007, el último año previo a la crisis, la comunidad ingresó a través de su cesta de impuestos 12.854 millones. La cota reciente más baja sigue siendo la de 2010 con 9.555 millones. El análisis de los tributos vinculados al «ladrillo» muestra que este sector ha renacido después del marasmo que siguió al pinchazo de la burbuja.

La recaudación total de la Junta y sus empresas el pasado año ascendió concretamente a los 15.585.999.420 euros. Los dos grandes motores tributarios –IVA e IRPF– tuvieron un buen comportamiento puesto que los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido alcanzaron los 5.754 millones de euros, un 4,98 por ciento más que el año anterior; mientras que el IRPF creció hasta superar los 4.600 millones (un 5,60 por ciento de incremento). Se trata de la tarifa autonómica de IRPF, ya que conviene recordar que este impuesto está cedido en un 50 por ciento a las comunidades autónomas, al igual que el IRPF. Lo que están planteando en este momento algunos partidos como el PSOE es aumentar la denominada corresponsabilidad fiscal. Es decir, que la región pueda gestionar un porcentaje mayor de los tributos para ganar autonomía económica respecto al Estado. Está por ver si esta propuesta, que seguramente se ponga en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la acepta el Gobierno central.

Hay que recordar, igualmente, que PSOE y Ciudadanos se comprometieron en el acuerdo de investidura de junio de 2015 a rebajar el tramo autonómico del IRPF entre el 2 y el 3,5 por ciento para clases medias y bajas. En 2016 entró en vigor una primera rebaja del 2 por ciento. El resto está pendiente y ya no será fácil que se consiga. Es muy probable que estos Presupuestos sean los últimos de la legislatura. La prioridad para Cs de cara a la negociación de las cuentas de 2018 fue la exención del impuesto de Donaciones a todas las herencias de hasta un millón de euros. La recaudación por Sucesiones y Donaciones bajó en 2017 apenas un 3,98 por ciento pese a que a partir de enero ya entró en vigor la primera rebaja fiscal que impuso Cs para elevar el mínimo exento en Donaciones hasta los 250.000 euros.

Destaca, asimismo, el comportamiento de los impuestos vinculados al ladrillo. No sólo el aumento del IVA, que tiene un origen más heterogéneo, sino también de Actos Jurídicos Documentados (un 14,53 por ciento más hasta sumar más de 389 millones de euros) y de Transmisiones Patrimoniales, con otro significativo incremento de dos dígitos (13,86 por ciento) hasta alcanzar los 1.058 millones. Estos dos últimos impuestos sí que están relacionados de manera muy estrecha con el mercado inmobiliario. El segundo, vinculado con la vivienda de segunda mano que es la que mostró en 2017 mayor número de transacciones. Tal es así que atendiendo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre compraventa de vivienda relativos al mes de diciembre, de las 6.287 operaciones que se produjeron en la comunidad, 5.198 correspondieron a vivienda usada. O lo que es lo mismo, el 82,6 por ciento.

El canon de mejora del agua también ha crecido a un ritmo significativo (15,56 por ciento) hasta alcanzar los 139 millones de euros. El PP viene denunciando desde hace años que el dinero que pagan los contribuyentes en la factura del agua no se está dedicando en su integridad a la mejora del suministro y a completar toda la red de depuradoras exigida por la Unión Europea. La Junta niega este extremo.