La Junta anuncia otra reapertura minera y prende un nuevo conflicto judicial

Con su apuesta por la minería, el Gobierno andaluz parece haber pisado un campo minado. Ayer hubo una nueva muestra de ello. El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, adelantó por la mañana que la Junta ha culminado la fase de transmisión de los derechos mineros del yacimiento de Alquife, en Granada, lo que permitirá la reapertura de la explotación de minería metálica prevista para finales de 2016 o inicios de 2017, según apuntó el presidente de Minas de Alquife SL, Juan Ramón García.

Los cálculos de la empresa prevén la creación de 350 puestos de trabajo y otros 700 empleos indirectos, gracias a una inversión estimada de 250 millones de euros en la comarca granadina.

Sánchez Maldonado quiso incidir además en que el proceso administrativo para la reapertura de la mina, clausurada desde hace dos décadas, ha sido «complejo» y ha tenido que superar numerosos trámites legales para que sea posible su puesta en marcha «con las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad económica, social y medioambiental».

Pero el nuevo anuncio vino acompañado de la polémica que rodea a otros yacimientos como la de Aznalcóllar (Sevilla) o Riotinto (Huelva), envueltos en procedimientos judiciales de distinta naturaleza. En este caso, horas después de que se pronunciara el consejero, la Administración Concursal de los antiguos propietarios de los terrenos en los que se ubica la mina de Alquife, Manuel Sánchez y Carmen Redondo, replicó con otro anuncio. «Estudiaremos la resolución de la concesión a la mercantil Minas de Alquife SL de los derechos mineros para explotar las Minas del Marquesado cuando se nos notifique y, de ser cierto, no descartamos acudir a la vía administrativa, a la contenciosa o a alguna otra si fuera necesario porque hay cuestiones oscuras en esto», aseveró a LA RAZÓN el miembro de la Administración Concursal, Emilio Lucas.

¿A qué se refiere? Consideran el paso dado por la Junta «de todo punto improcedente» no sólo porque «las concesiones y permisos mineros pertenecen a Sánchez y Redondo –cuestión que se dirime todavía en los tribunales–», sino también porque «la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la explotación está recurrida –tiene que resolver la propia Administración andaluza y no les ha comunicado que lo hayan hecho ya–», se explica.

Lucas pone en duda que la mercantil Minas de Alquife SL «tenga la solvencia técnica y financiera que exige la ley» para afrontar la inyección de 250 millones que supondría volver a explotar el yacimiento. Para soportar su cuestionamiento aporta datos: «En diciembre de 2014 no pudieron abonar por falta de liquidez los 3,5 millones que adeudan al matrimonio Sánchez-Redondo por unos terrenos de la zona de la explotación minera que les vendieron y que adquirieron a través de sociedades luxemburguesas». Y hay más. Suma que los activos de los que la mercantil en cuestión dispondría, «según sus cuentas anuales, son sustancialmente los derechos mineros que aún no se le han transmitido», por lo que «son intangibles valorados libremente», advierte.

Para la Administración Concursal parece «evidente» que «han primado las prisas por llevar a buen puerto» una «voluntad inequívoca» de reabrir las instalaciones «manifestada incluso en sede parlamentaria por la propia presidenta Susana Díaz en el Debate sobre el Estado de la Autonomía». Una urgencia que, según estas fuentes, «se acentuó» desde que, en febrero de 2014, se incorporó como consejero a Minas de Alquife SL «un histórico alto cargo socialista: Juan Ramón García Secades». Una premura en la que habría influido también el que las concesiones dadas en su día a la Compañía Andaluza de Minas, primer titular del yacimiento, caducarían este 25 de septiembre, a la luz de un informe de la Junta.

Defienden que el Gobierno autonómico «ha seguido una hoja de ruta, retorciendo los procedimientos administrativos para acomodarlos a su objetivo, en vez de tramitarlos con la imparcialidad, rigor y seriedad que la ley exige» y se preguntan si «no estaremos ante un nuevo caso como el de Aznalcóllar» que acabe en el juzgado, dado que «los paralelismos son evidentes».

Es más, Lucas relata a este periódico que ya mantienen un contencioso con el Ejecutivo andaluz en los tribunales porque negó a los mismos antiguos propietarios «los derechos para usar los lodos de la anterior explotación basándose en un auto judicial de 2001 –que adjudicó a los trabajadores de Compañía Andaluza las concesiones ya otorgadas a tres ingleses y que está recurrido–. Un auto que curiosamente no está en el expediente administrativo de este asunto», deslizó.

En el contexto de este embrollo, la Administración Concursal hace un llamamiento a «la cautela y la prudencia» de los políticos, al entender que resulta «tremendamente irresponsable» prometer la creación de cientos de empleos, «llevando a la confusión, con cantos de sirena», a una comarca «tan lastrada por el paro».