La Junta basó su «política económica» en una «financiación sin control»

Dos directivos de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete –director general entre 2008 y 2009– y Juan Francisco Sánchez García –ex secretario general técnico y ex director de administración y finanzas, actual secretario general del ente encargado del pago de las ayudas de los ERE–, se acogieron ayer a su derecho constitucional a no declarar. La juez les imputó los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. Para Cañete, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza por responsabilidad civil de ocho millones de euros. Para Sánchez García, que sigue cobrando nómina de la Administración, aún mayor: diez millones de euros.

Los dos directivos presentaron escrito de alegaciones al juzgado. Se apoyaron en tres argumentos principales. Que IDEA ejercía de simple caja pagadora, la ausencia de potestad subvencionadora de este ente y que desconocían los informes que alertaban de las graves irregularidades que se estaban produciendo.

La juez instructora, sin embargo, entiende que ambos imputados fueron conocedores del sistema irregular y que contribuyeron, como un eslabón más, a que siguiera el fraude. En el escrito de imputación de Juan Francisco Sánchez, Alaya deja una perla que no pasa desapercibida. La financiación «sin control, rápida y eficaz», sustentada en un engranaje articulado en torno a las transferencias de financiación, «pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía».

La afirmación desmonta la defensa de la Junta. Esto es, que puso en marcha el sistema de los ERE, desviando los pagos a través de una transferencia de financiación a la agencia IDEA, con lo que también se alzaba un dique a la labor fiscalizadora de la Intervención General de la Junta, para dotarse de un sistema ágil y eficaz que le permitiera inyectar dinero y garantizar la paz social.

Alaya considera que Juan Francisco Sánchez fue «uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas laborales, prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones». Este sistema provocó la otorgación de ayudas «sin fiscalización previa» y el libramiento de dinero –en torno a mil millones en la década investigada si se suman los intereses y las partidas fuera de cobertura presupuestaria– de forma «absolutamente discrecional». Empleo repartió «millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical, bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de sus trabajadores, sistema que siendo presuntamente ilegal degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad, creadas para percibir tales ayudas». Hay que recordar que la desviación presupuestaria, de la que alertó reiteradamente la Intervención General, marcó récord con el ex presidente Griñán como consejero de Hacienda: 95.534.000 euros en 2005.

Respecto a Jacinto Cañete, Alaya entiende que contribuyó a «dar continuidad al sistema de concesión irregular de ayudas y subvenciones». Lejos de oponerse a los pagos, al comprobar el uso irregular de las transferencias de financiación, el ex alto cargo asumió las «órdenes» de Empleo. La Junta utilizó las transferencias de financiación para el pago de subvenciones y ayudas sociolabores, cuando la ley sólo ampara el empleo para equilibrar balances o enjugar pérdidas.

Cañete habría contribuido también a tapar el fraude. En 2008, tras el cese de Guerrero, «al conocerse el descontrol que existía» en la Dirección General de Trabajo, se reunió con el titular de este departamento, Juan Márquez, y el ex director de finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois. Acordaron «seguir el procedimiento», «pero montando los expedientes conforme a las reglas de la administración».