La Junta busca asesoramiento externo para gestionar su deuda millonaria

El débito supera ya los 32.500 millones, según datos del Banco de España, y Hacienda ha licitado un contrato para que una empresa la guíe en cuestiones como la valoración de riesgos o la aplicación de «la normativa de prudencia financiera».

La deuda de la Junta es de 32.551 millones de euros, lo que supone el 12 por ciento del total de la de las comunidades, que en conjunto se eleva hasta los 273.199. En términos absolutos, Andalucía es la tercera región por la cuantía de su débito, por detrás de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En términos relativos, su deuda supone el 22,2 por ciento del PIB, mientras que la media de las regiones es del 24,9, según los últimos datos publicados por el Banco de España a finales del segundo trimestre de este año. La cifra global supera el cien por cien de los 29.477 que el Gobierno andaluz ha presupuestado para el ejercicio 2017. Desde ese punto de partida, el Ejecutivo autonómico busca ahora asesoramiento financiero para gestionar el endeudamiento de la comunidad. A lograrlo ha destinado 93.879,30 euros públicos, IVA incluido.

Figura como contratante de la licitación la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, según consta en la plataforma de contratación que la Junta suministra en internet. El valor estimado de la contrata se eleva hasta los 155.172,40 euros, al preverse una eventual prórroga por dos años, el mismo periodo fijado de arranque, y se ha establecido una forma fraccionada de pago, a abonar por meses, que contempla el primero en la anualidad corriente de 7.823,28; un segundo en 2017 de 46.939,65 y el último en 2018 de 39.116,37 euros. El procedimiento de adjudicación será en esta ocasión abierto y los trabajos se realizarán en las instalaciones de la empresa adjudicataria, aunque, a petición de la dirección del contrato, determinadas tareas se podrán desarrollar en la sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ubicada en el edificio Torretriana de Sevilla, a la luz de lo reflejado en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Junta hilvanado a esta contratación. Toda la información facilitada a la entidad elegida para prestar el servicio «será confidencial» y no podrá ser hecha pública por la misma en un plazo de al menos cinco años.

La Junta ha probado diversas fórmulas ligadas a la deuda. En 2011 puso en marcha la emisión de 400 millones de «bonos patrióticos» para minoristas, siguiendo la estela de Cataluña, al entender que era una «buena alternativa» para captar financiación por un importe relevante en un contexto económico y financiero marcado por el cierre de los mercados y la crisis de la deuda pública a nivel global. Luego, perdió 115 millones de euros en tres operaciones en yenes japones, que canceló en octubre de 2012, tras depreciarse el valor de la deuda de España, y con ella la de Andalucía, lo que conllevó que el Ejecutivo regional tuviera que responder a cláusulas que se habían firmado a la hora de sacar la subasta de esa deuda pública, lo que conllevó el agujero de los 115 millones.

A ello se suma otra vía que engrosa el débito: Andalucía se adhirió a los mecanismos adicionales de financiación que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy a partir de 2012 como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que genera unos intereses que también hay que atender.

Pide información y formación

Con un histórico con ejemplos como los mencionados, Hacienda ha optado por pagar por el aporte periódico –diario, semanal y mensual– de información relativa a los mercados y el estudio de su incidencia sobre la gestión de riesgos de la Junta o la del endeudamiento en sí, entre otras cuestiones. Exigirá además a la adjudicataria asesoramiento en diversas áreas como la valoración de las ofertas de financiación que se reciban y de las propuestas de instrumentos financieros que se formulen a la región, la aplicación de la normativa de prudencia financiera, la determinación de tipos y apoyo –a tiempo real vía telefónica o electrónica si fuera preciso– en la fijación de condiciones de operaciones, o respecto a la emisión de pagarés. Se requerirá, asimismo, respaldo en la negociación e interlocución con las entidades bancarias y un análisis de las posibilidades de refinanciación de las operaciones del global de la deuda y de modos de financiación alternativos, incluyendo proyectos de colaboración público-privada que pudieran ponerse en marcha. Y se solicitarán recomendaciones estratégicas sobre la gestión de la cartera de deuda o incluso en materia de presentación ante inversores («roadshows»). Por último, el contrato incluye la organización de cursos, jornadas y seminarios en materia financiera para el personal de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, según se explica en el pliego de prescripciones técnicas del contrato.