La Junta convoca las escuelas taller a los seis años de su paralización

El presupuesto fijado es de 49 millones, distribuidos por provincias en función del desempleo

El diferencial de paro andaluz respecto al nacional, como señaló en LA RAZÓN el profesor José Manuel Cansino el lunes, entre 2002 y 2016 tuvo su menor distancia en 2007. En el primer trimestre de ese año, la media de desempleo andaluza superaba a la española en 4,1 puntos. Actualmente, la tasa de desempleo andaluz (por encima del 29%) se eleva sobre la media nacional en un 8,7%. La tasa de paro entre los andaluces con menos de 25 años supera en más 13 puntos porcentuales a la media nacional. Respecto a los mayores de 55, la diferencia entre el paro andaluz y la media española es de 4,9 puntos. Con todo, la Junta de Andalucía ha tenido paralizados las escuelas taller de empleo desde 2011. Ayer, la Consejería de Empleo anunció que pone en marcha una nueva convocatoria de proyectos de escuelas taller y talleres de empleo, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de la resolución para la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la que podrán optar las corporaciones locales y los organismos dependientes de las mismas y a la que la cartera que dirige José Sánchez Maldonado destinará 49 millones de euros.

Estos programas de escuelas taller y talleres de empleo, contando con que se cumplan los plazos, habrán estado paralizados seis años. El conjunto de las acciones formativas se han congelado justo en el sexenio de mayor virulencia de la crisis a pesar de las promesas del Gobierno andaluz fijando el reinicio desde 2014. El presunto «fraude en los cursos de formación», con investigaciones judiciales y policiales y una comisión parlamentaria aún sin conclusiones, y las irregularidades en los cursos subvencionados por la Junta provocaron la orden de paralización total de estas políticas. Este diario ya adelantó que la Junta exoneró a ayuntamientos de justificar ayudas para las escuelas taller. El ex consejero Antonio Fernández y el ex delegado de Empleo Antonio Rivas libraron a consistorios –más del 80% gobernados por el PSOE– de documentar «en tiempo y forma» el dinero recibido. La nueva orden trata de poner coto a estas irregularidades. El plazo de presentación de solicitudes para la nueva convocatoria abarca desde el 15 de enero hasta el 30 de abril de 2017, ambos incluidos. El modelo de solicitud estará disponible, durante este período, en la web de la Consejería. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación, tal y como se recoge en la orden reguladora de estas subvenciones, publicada por la Junta el pasado mes de junio y que «ha supuesto una profunda transformación de estos programas tras el cambio normativo que introdujo la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral», señaló la Consejería.

Entre las novedades que incluye la normativa, se establece la tramitación en régimen de concurrencia competitiva, por lo que «se fijan una serie de criterios objetivos para la valoración de los proyectos, que garantiza la igualdad en el acceso a estos fondos, y una única forma de pago de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total». Además, la nueva norma modifica el proceso de selección del alumnado y del personal que imparte las acciones formativas, y establece la justificación de la subvención, en el caso de entidades locales, mediante certificado del interventor de dicha administración pública. Para concurrir a estas subvenciones las entidades deben estar debidamente acreditadas para impartir las acciones, por lo que deben contar con instalaciones homologadas para el desarrollo de los programas formativos. Además, las acciones formativas deben estar contenidas en el fichero de especialidades de Formación Profesional para el Empleo, que posibilita la obtención de un certificado de profesionalidad con validez en toda la UE.

Para la puesta en marcha de estas acciones, la Junta ha previsto un presupuesto de 49 millones para la presente convocatoria, recursos económicos que se distribuyen entre las distintas provincias en función de la tasa de desempleo de mayo de 2016. De esta manera, los recursos financieros que corresponden a cada provincia ascienden a 3,4 millones para Almería; 8,5 para Cádiz; 4,9 en Córdoba; 5,03 para Granada; 2,7 en Huelva; 3,6 en Jaén; Málaga contará con 8,6; y Sevilla, con 12,03 millones. Las convocatorias de la programación de acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo durante este año superarán los 142 millones, y comprenden los 49 millones para estos proyectos; los 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados, cuya convocatoria arranca en enero, y los 20,6 millones para acciones dirigidas a trabajadores ocupados.