La Junta da 35,5 millones a un ente de la Administración paralela

35,46 millones de euros. Ése es el importe de la subvención que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer conceder a la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que dirige Antonio Ávila. ¿Para qué? Programas de fomento del empleo y la actividad empresarial.

Según la nota oficial del Ejecutivo autonómico, la cantidad aprobada permitirá desarrollar este año «6.400 acciones de apoyo a emprendedores en la comunidad, además de impartir formación empresarial a 22.000 personas y realizar alrededor de 100.000 atenciones a usuarios». Unas iniciativas que facilitarán «la creación y el alta de más de 11.000 nuevas empresas y autónomos, con una previsión de unos 15.000 empleos».

Para desarrollar sus programas, la mencionada fundación gestiona la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores en la que, según la Junta, «más de un millar de profesionales prestan servicios de formación, tutorización y asesoramiento técnico especializado». En relación a esa plantilla, cabe recordar que el informe «Cuenta General, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial 2009» elaborado por la Cámara de Cuentas y que vio la luz a principios de 2011 subrayó su incremento en 744 personas.

De esas nuevas contrataciones, más de la mitad, según recogió el órgano fiscalizador, se adjudicó a través de un procedimiento negociado sin publicidad. O sea, sin concurso público ni libre concurrencia.

El documento de la Cámara de Cuentas englobaba ese alza en un auge general «ni explicado ni motivado» de los trabajadores de las fundaciones de la Junta que en un sólo año aumentaron en 1.320, hasta alcanzar los 6.380. Con todo, Andalucía Emprende concentró la máxima subida, según constató el fiscalizador.

Otro dato: el coste de la masa salarial de la fundación pública ascendía en 2006, antes del incremento exponencial de la lista de nóminas, a 9,9 millones de euros. Unos trabajadores que el Ejecutivo decidió formar en 2012, años después del estallido de la crisis, en «perspectivas frente» a ella.

Pero hay más. En las conclusiones de otro informe de la Cámara de Cuentas, éste relativo precisamente al ejercicio de 2006, se pusieron en evidencia un rosario de disfunciones y presuntas irregularidades ligadas a la entidad. En ese contexto, la Consejería de Ávila dio luz verde en una resolución del 25 de septiembre de 2012 a la concesión de una subvención excepcional de 967.896 euros a la fundación que forma parte de la denominada «Administración paralela». En ese sentido, fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) lamentan «el engorde de aquélla, en detrimento de la Administración pública que sirve con objetividad, transparencia y control». Critican que la Junta «alimente su red clientelar» y confían en que «la fundación no subcontrate y se deje dinero por el camino». Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSI-F-A, Francisco Iglesias, avisa de que controlarán con «beligerancia» que el «dinero vaya realmente a la creación de empleo y empresas y no se pierda en la estructura de una 'Administración paralela', de la que aún desconocemos el beneficio».