La Junta da por hecho el acuerdo con Cs para aprobar su tercer presupuesto

El Gobierno andaluz impulsará una nueva reforma del impuesto de sucesiones en 2018

Antonio Ramírez de Arellano y Juan Carlos Blanco, ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
Antonio Ramírez de Arellano y Juan Carlos Blanco, ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

El Gobierno andaluz impulsará una nueva reforma del impuesto de sucesiones en 2018

«Habrá acuerdo». El portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, dio por hecho que el PSOE y Ciudadanos conformarán la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el Presupuesto de 2018, convirtiéndose en las terceras cuentas públicas que pactan ambas formaciones políticas.

El nuevo portavoz elegido por Susana Díaz tras la remodelación de su Ejecutivo esquiva las polémicas políticas y prefiere no pronunciarse sobre temas de los que tiene una información precisa. Un ejemplo: ayer, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, remitió a la Consejería de Empleo sobre el inicio de los cursos de formación para desempleados, un comienzo para el que aún no hay fecha pese a las promesas repetidas de la Junta y los sucesivos anuncios que en esa misma sede hizo su antecesor en el cargo, el actual consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Por eso, cuando Blanco fue tan explícito sobre este asunto es que como se intuía, sólo falta ponerle fecha al anuncio oficial: «las negociaciones están muy avanzadas» y «habrá acuerdo», zanjó .

Era prácticamente un secreto a voces que el PSOE y Ciudadanos estaban condenados a entenderse. Los socialistas no miran, por diferentes motivos, ni al Partido Popular ni a Podemos. Y la formación naranja presume de ser garante de «estabilidad», un axioma que le vale para apoyar a Rajoy en Madrid y a Díaz en Andalucía.

La exigencia de Ciudadanos de eximir del pago del impuesto de sucesiones a las herencias de menos de un millón no es un obstáculo insalvable para la Junta, que ya mostró públicamente su disposición a devolver esta competencia al Gobierno central a cambio de que éste compense a las comunidades autónomas.

El partido que lidera Juan Marín ha hecho bandera de la rebaja de este impuesto porque sería un logro que exhibir en los próximos meses, toda vez que ha prendido en amplios sectores de la sociedad que se trata de un impuesto injusto. Además, le arrebata así un argumento al Partido Popular. Los populares abogan por una bonificación del 99 por ciento, pero si se elimina la tributación a herencias por debajo del millón de euros su campaña perderá fuerza. PSOE y Cs alentarían el discurso de que ya sólo lo pagarían «los ricos».

Precisamente, la nueva campaña puesta en marcha por el PP contra este impuesto fue muy criticada por el portavoz de la Junta, que la tildó de «frívola» por recrear el cuento de caperucita y el lobo para hablar de cosas tan «serias como son los impuestos y las cuentas de esta comunidad, que financian los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos».

Con el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos zanjado, sólo falta elegir el momento para oficializar el contenido del mismo y buscar el impacto «político». Hoy, antes del primer pleno de este periodo de sesiones, hay una comparecencia pública de Juan Marín y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, acude también a la televisión pública andaluza.

En las dos anteriores ocasiones hubo escenificación del acuerdo. El 13 de octubre de 2015 ambas formaciones anunciaron un acuerdo para las cuentas de 2016 y firmaron el mismo en el Parlamento de Andalucía. Era el paso previo para la posterior aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno.

El mismo guión se siguió en 2016 para la aprobación de las cuentas del actual ejercicio. En esa ocasión la firma entre los representantes del PSOE y Ciudadanos se produjo el 27 de octubre también en sede parlamentaria. Como este año, las rúbricas vinieron precedidas de ciertos distanciamientos públicos que se solventaron con rapidez.

Todavía existe un amplio margen para la aprobación del texto del Presupuesto de 2018. El artículo 190 del Estatuto de Autonomía obliga a que «el proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con dos meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente», es decir, antes del 31 de octubre.

Este año, además, la Junta debería respetar la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que dio la razón al PP en su denuncia contra la Consejería de Hacienda por incumplimiento de las exigencias de «publicidad activa», al no haber hecho público el anteproyecto de la Ley de Presupuestos cuando fue conocido por el Consejo de Gobierno.