La Junta de Andalucía no ha investigado de forma interna al encausado del «caso Infoca»

Al otro funcionario, el denunciante, le «da miedo» volver a su puesto de trabajo

Hay relatos planos pero son los menos. Casi siempre incluyen distintas visiones. La parlamentaria andaluza no adscrita María del Carmen Prieto se introdujo en uno judicial para preguntarle al Gobierno regional si se había realizado alguna investigación interna «sobre los hechos investigados por la Audiencia Nacional» relacionados con la presunta adjudicación irregular de medios aéreos para el Plan Infoca y si se había tomado, o estaba previsto hacerlo, «alguna medida cautelar, administrativa o laboral contra el jefe de servicio de Contratación, investigado judicialmente» por esas supuestas anomalías. Se refería a A. M. L., encausado en el llamado «caso Infoca» que prendió el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. Le ha contestado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, quien transmite a la diputada, para arrancar y según se puede comprobar en el BOPA número 814, que la Junta no tiene «constancia de que la Audiencia Nacional tenga como investigado al jefe del servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica» de ese departamento. Cabe recordar que el órgano judicial sevillano se inhibió y elevó parte del caso a ese tribunal estatal para que fuera éste el que desmenuzara los «hechos relativos a los contratos de extinción de incendios forestales», al tener conexiones con el denominado «cártel del fuego» que operaba en otras zonas del territorio nacional e internacional y las partes personadas en el proceso aún esperan su respuesta. Pero A. M. L. continúa encausado.

Fiscal niega luego que «exista una adjudicación irregular en contratos de alquiler de medios aéreos» y defiende que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2017 por el que se autorizó «el gasto correspondiente a una prórroga del lote 5 del contrato de servicios 'Fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales'», al que aludió la parlamentaria «es una actuación administrativa totalmente legal, lícita y legítima». El consejero añade que como no han recibido comunicación de la Audiencia Nacional, nada permite «justificar la realización de una investigación», que, en cualquier caso, tampoco «procedería si la instancia judicial se encontrase realizando» la suya. Por último anota que «la Constitución española establece en su artículo 24,2 el derecho fundamental a la presunción de inocencia de todos los españoles, por lo que someter a un funcionario público a una medida cautelar sin justificación sería improcedente». Hay otro funcionario de la Junta cosido al «caso Infoca», el denunciante: J. G. D. Su situación es distinta a la del investigado. En octubre de 2017 le abrieron un expediente disciplinario que lo envió seis meses a su domicilio, según recuerda él mismo a este diario, y que se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva una causa penal en la que se dirimirá si es culpable o no de un delito leve de lesiones a una compañera. Lleva ya un año fuera de su plaza en la Administración al solicitar luego una baja laboral. «Me da miedo volver a mi puesto de trabajo porque no sé que es lo próximo que se pueden inventar, tal vez una violación», resume.