La Junta de Andalucía sigue recurriendo a las exoneraciones por «interés social»

En plena polémica hace algo más de dos años sobre el uso por parte de la Junta de Andalucía de las exoneraciones de justificación de subvenciones concedidas a entidades de todo tipo y administraciones locales –fundamentalmente relacionados con cursos de formación, pero también en otros ámbitos–, el Gobierno andaluz defendió que se trataba de una medida «con anclaje legal», pero al que se había puesto fin con la llegada de Susana Díaz a la Presidencia. La realidad es que no es así y, ayer mismo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una resolución del Servicio Andaluz de Empleo con fecha 29 de diciembre de 2016, por la que se exceptúa de justificar una serie de ayudas a distintos ayuntamientos y a la diputación provincial de Jaén.

La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito por el que solicitó el archivo de la denominada pieza política de los cursos de formación que afectaba a 24 ex dirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o los ocho ex delegados provinciales–, aseguraba que las resoluciones de exoneración no constituían delito y estaban ajustadas a la norma, aunque sí apuntaba que «todo ello se obviaría con una Administración eficiente y eficaz», y advertía de que «si pudiésemos imaginar unos servicios administrativos que liquidan y aprueban la justificación en tiempo y forma, no existirían estos problemas».

La resolución publicada en el BOJA se refiere a Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción. Se trata de una línea de ayudas que promueve el asesoramiento o acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de trabajo a personas demandantes de empleo, a través de la gestión de itinerarios personalizados de inserción. En el texto publicado, consultado por este periódico, se admiten problemas de gestión por parte de la Administración regional. De hecho, el motivo que impulsa esta decisión es que desde «la Junta de Andalucía no se van a poder abonar los pagos anticipados previstos para cubrir los gastos derivados de la gestión de estos programas, fundamentalmente por el hecho de que algunas entidades presentan justificaciones, pertenecientes a otras líneas de ayudas pero vinculadas al mismo programa presupuestario, que se encuentran pendientes de revisión por parte de la Administración».

La consecuencia de que la Junta no pague a tiempo «pudiera devenir en una eventual renuncia, o incumplimiento en la ejecución del programa por las entidades, ante la imposibilidad de sufragar los gastos derivados de la ejecución, que supondría en la práctica la no realización de las actividades objeto de subvención».

Las entidades que desarrollan estos programas son sin ánimo de lucro, corporaciones locales, las universidades y otras de derecho público. La Junta admite que «el retraso en el abono de las ayudas podría convertirse en un grave problema de financiación para las mismas, pues éstas deberán hacer frente al cumplimiento de gastos subvencionables (costes de personal y gastos generales de las unidades de orientación), con recursos propios y, en última instancia, la falta de abono irá en perjuicio de los destinatarios últimos, que son las personas empleadas como consecuencia de los mismos».

Entre los 15 ayuntamientos detallados en el anexo y que se beneficiarán de esta medida se encuentran el de Sevilla, Granada, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera o Estepona, así como la mencionada Diputación Provincial de Jaén.

Hay que recordar que la oposición en bloque tumbó en abril del año pasado en el Parlamento un decreto-ley que regulaba los planes de empleo de la Junta gestionados por los ayuntamientos. Entre otros motivos, PP, Podemos e IU esgrimieron que se consagraban las exceptuaciones como «atajo» administrativo. Finalmente, el decreto en cuestión fue aprobado un mes más tarde, quitando una disposición adicional que ampliaba el catálogo de servicios y funciones a desempeñar por el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El uso de las exoneraciones masivas también fue uno de los temas principales de debate en la comisión de investigación de los cursos de formación constituida en la Cámara y que aún está pendiente de las conclusiones.