La Junta debe aportar al juzgado la copia de la concesión de la mina de Aznalcóllar

Nuevo varapalo a la Junta de Andalucía. El juzgado rechaza el recurso de la Administración autonómica. El archivo, como pretendía el Gobierno regional no llegará en ningún caso antes de las elecciones. El juzgado viene a decir a los abogados de la Junta que no entienden por qué se oponen a que examinen la documentación si su intención es que se aclare todo. Un auto fechado el pasado 9 de noviembre, al que accedió LA RAZÓN, señala que «se desestima el recurso de reforma» contra «la resolución de fecha 16 de octubre de 2018 en cuanto a la prueba que reputa útil, consistente en recabar determinada información del Registro Minero de Sevilla».

En concreto, se solicitaba «copia autentificada de la resolución de otorgamiento a la entidad Minorbis-Grupo México de la concesión minera denominada Zona Aznalcóllar»; «copia autentificada del título a favor de la entidad Minorbis-Grupo México de la esas concesión minera»; «copia autentificada de la resolución de otorgamiento a la entidad minera Los Frailes»; y «copia autentificada del título a favor» de los Frailes «de esa concesión». La Junta, en su recurso, alegaba que tal documentación es «improcedente e innecesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de la denuncia inicial».

La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, en primer lugar, rechaza «la cuestión formal» en la que se pretendía amparar el recurso, ya que «se desmiente con una simple lectura de la resolución recurrida dada la amplia fundamentación en ella contenida». La jueza rechaza la existencia de «indefensión material alguna» para la Junta.

«Los recurrentes no acreditan en modo alguno en qué medida la admisión de una prueba para analizar las circunstancias de la adjudicataria, a través de la documentación solicitada al registro minero pueda ocasionarles indefensión alguna, cuando antes al contrario debiera defenderse que la amplitud de miras en la presente investigación eliminase cualquier atisbo de duda sobre la concesión efectuada y la intervención en la misma de quienes son investigados actualmente».

La jueza entiende que la cuestión de las dudas sobre las diferencias entre la persona jurídica que concurre al concurso y adjudicataria no es nueva en el procedimiento sino «controvertida».

Ecologistas en Acción se mostró muy satisfecho por el auto dictado por la titular del Juzgado número 3 que obliga a la Junta de Andalucía, a instancias de la ONG, a aportar al Juzgado los títulos y resoluciones que acrediten la concesiones mineras para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ante las contradicciones existentes en el sistema de información pública minera de la Junta. Según recordó Ecologistas, hasta la fecha no se ha realizado ningún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para este macroproyecto que, entre otras cosas, necesita para iniciarse vaciar el hueco minero de la Mina de Los Frailes, actualmente ocupado por 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas que las empresas promotoras pretenden verter a la Zona de Especial Conservación Corredor Ecológico del Guadiamar, el mismo donde las administraciones públicas han gastado millones de euros para su recuperación ambiental tras la catástrofe anunciada del vertido del 25 de abril de 1998. «Las alarmas saltan» al observar que en la documentación presentada por Mina Los Frailes para solicitar autorización para ese vertido, y para iniciar los trámites de la autorización ambiental, lo hacen «en calidad de titular de la concesión minera» de Aznalcóllar pues «el derecho ambiental no permite otorgar concesiones mineras con carácter previo a la obtención de las autorizaciones ambientales preceptivas».