La Junta defiende el rigor de la nueva aplicación de las 37,5 horas

El Consejo de Gobierno de la Junta prevé aprobar hoy el acuerdo de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 18 de diciembre sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta, que supone cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional.

De esta forma, se aprobará el acuerdo que permitirá cumplir con la sentencia del TC que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces, y establece un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas, teniendo en cuenta que dos horas y media semanales no serán de obligada permanencia en el puesto. Ese acuerdo se alcanzó el pasado 18 de diciembre y fue puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno del día 19, que decidió remitirlo al Constitucional para «asegurarnos de que se cumple la sentencia».

Susana Díaz afirma que con la medida de su Gobierno tras la resolución del Constitucional se está «ejecutando y acatando» la sentencia. Además, lamenta que se persiga «manchar» la imagen de la administración andaluza y «atacar» a los empleados públicos en unos momentos en los que el mercado laboral tiene mucho trabajo precario y es fácil echar a confrontar a los trabajadores. Por ello, considera «irresponsable» lo que ha hecho el PP-A, a lo largo del año y precisamente en estos días, cuando el Gobierno andaluz negocia con rigor con los sindicatos, acata la sentencia y mejora los servicios públicos con 8.000 empleados más. Susana Díaz insiste en que el PP-A se ha dedicado a hacer una «campaña infame» contra la sanidad pública andaluza para que la privada gane negocio y también ha «atacado» a la educación pública con el mismo objetivo. Cuando la Junta decide incorporar a 8.000 nuevos profesionales en la educación y sanidad, el PP pone «piedras en el camino» para que no se aplique la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, denunció la «utilización rastrera» de los empleados públicos andaluces que cree que ha hecho la presidenta con la jornada de 35 horas y desveló que nunca contactó con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para buscar una solución. «Nunca se ha puesto en contacto con Montoro, jamás, para solucionar las 35 horas, ni una llamada», dijo López, que reiteró que la Junta tiene «la mano tendida» del PP, pero para eso debe buscar una solución con la que se cumpla la ley y que dé seguridad jurídica a los funcionarios. Sobre la solución que plantea la Junta instaurando 2,5 horas a la semana de trabajo no presencial, López ha indicado que cuando la propia consejera de Hacienda dijo que esperaba que el Tribunal Constitucional no la recurriera es «porque tiene dudas de que sea legal».