La Junta «discrimina» a más de 1.700 menores en Almería

Las familias plantean una causa colectiva a la Fiscalía por el agravio en la atención temprana, con sesiones grupales de hasta seis niños.

En Atención Temprana cada día cuenta. Una semana es mucho; un mes, demasiado; y un año, una eternidad. Se trata, ni más ni menos, de estimular a menores de cero a seis años para corregir o suavizar los trastornos en el desarrollo que padecen y mejorar la calidad del resto de sus vidas. En Andalucía el derecho de estos niños –cifrados oficialmente por la Administración en 19.000– a recibir el tratamiento adecuado funciona a medio gas e incluso con diferentes criterios en función de la provincia. La Junta avanza lentamente en el funcionamiento del servicio, pero sin incluirlo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la clave del asunto. El pasado 30 de abril, el Gobierno andaluz aprobó un nuevo decreto para regular su funcionamiento y para después del verano se espera que el pertinente acuerdo marco aplique mejoras –insuficientes– en el sistema: más sesiones de terapia, reducción de listas de espera, más presupuesto... Mientras tanto las familias no se detienen. Está en juego el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos. Especialmente dramática es la situación en Almería, discriminada durante más de diez años en relación al resto de provincias, sin que nadie explique muy bien por qué. La Plataforma de atención temprana ha conseguido agrupar a los padres, recopilar expedientes, informes de la situación de los menores y de un funcionamiento tan irregular como para elevar una causa colectiva a la Fiscalía del Menor de Andalucía, la misma que tras abrir diligencias previas ya trasladó el pasado 5 de mayo a las partes implicadas en la prestación del servicio que se habían de poner todos los recursos «sin limitaciones», para evitar que se vieran vulnerados los derechos de los niños.

En Andalucía hay 163 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) censados por la Administración autonómica. De ellos, 14 se encuentran en la provincia almeriense, que atienden a 1.727 menores de cero a seis años con trastornos o riesgo de padecerlos (1.154 son niños y 572 niñas). La lista de espera reconocida supera los 1.000 casos –algunos esperan desde 2014–, a los que hay que sumar los niños no derivados o conocidos y un 2% de población de riesgo no atendida. Según la información constatada por Antonio Guerrero, portavoz de la plataforma de las familias, en la gran mayoría de los CAIT, los menores son atendidos en sesiones grupales, entre 4 y 6 niños, o en terapias reducidas lo que supone una «discriminación sistemática» consecuencia de un acuerdo de financiación diferente al resto de la comunidad. Un logopeda en Almería, por ejemplo, trabaja con seis niños por sesión y sin la participación de los padres. «Los tienen pintando», explica gráficamente Guerrero.

La propia Consejería de Salud detalla en el proceso de derivación que en los CAIT «se diseñan actividades integrales que involucran a los profesionales, los menores y sus familias. Es importante que las familias estén presentes en las sesiones que reciben los niños y niñas. De esta forma, fuera de las sesiones, los padres pueden continuar estimulando a su hija o hijo». Nada de esto se viene haciendo en Almería y por ello denuncian la existencia de casos concretos en los que «los niños retroceden en lugar de progresar y dejan de hablar incluso». La plataforma no responsabiliza directamente a los centros, que cobran 6,14€euros por sesión cuando en el resto de provincias la cantidad concertada es de 16,87 euros. «Tiran de inventiva; lo puedo llegar a entender», precisa Guerrero. Donde no hay sesiones grupales se reducen a 30 minutos, con lo que el tratamiento, ya de por sí escaso, se limita aún más. Con el nuevo acuerdo marco, las sesiones pasarán de 45 a 60 minutos y el importe subvencionado por sesión se eleva a 18 euros. «Igualar Almería con el resto de provincias será un logro, pero nosotros pedimos ¡sesiones individualizadas desde ya! El tiempo que se pierde es irrecuperable», resalta el portavoz de las familias, abrumado al conocer los casos por madres y padres de Roquetas, Almería, Adra...

La pasada semana tenía lugar una jornada de convivencia entre familias afectadas en Almería. «Ahora me he dado cuenta de que el tiempo que ha perdido mi hijo ya no lo va a recuperar jamás», se lamentaba Eva, una madre presente en el acto. El proclamado «servicio público, gratuito, universal y de calidad» está aún lejos de hacerse realidad en Andalucía, pero en Almería en concreto la situación es, al menos hasta octubre, sangrante. «Mi hijo es igual que un niño nacido en Sevilla, tiene los mismos derechos», replica otra madre. Las familias no quieren perder ni un día más por el perjuicio irremediable que sufren estos niños vulnerables y desprotegidos por la propia Administración, de la que incluso han tenido que escuchar y leer que «hay que tener muy claro que hay que cuidar a los niños, pero no tratar por encima de las necesidades».

El próximo 30 de junio se conocerá la adjudicación de sesiones/hora que reciben los CAIT que han optado al concierto. La Junta resalta el aumento en 4 millones del presupuesto en este año, aplicable a partir de octubre, y la creación de 8 nuevos centros que aumentarán en 3.200 plazas las existentes en la actualidad. En el caso concreto de Almería, es una incógnita cómo se adaptarán estos centros a la normalidad no aplicada hasta ahora, pero mucho se temen las familias que se puede llegar «al borde del colapso».