La Junta exoneró a una fundación propia que extinguió 19 meses antes

Las exoneraciones masivas aprobadas por la Junta de Andalucía en los últimos años han beneficiado a empresas, instituciones, sindicatos, organizaciones sociales y a la propia Administración autonómica. En la última resolución que hizo pública el lunes la Junta, de fecha 11 de diciembre de 2012, figura en el listado la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de un ente público creado en 2003 y adscrito a la propia Consejería de Empleo y que entre sus funciones estaba el desarrollo de programas de fomento de empleo y asistencia técnica en materia de formación e inserción laboral. Este organismo se extinguió el 3 de mayo de 2011 y la resolución por la que se eximió de justificar la ayuda recibida en tiempo y forma es de finales de 2012. La Junta, por tanto, incluyó en el listado a la Faffe, consciente de que la propia Administración había disuelto este ente, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 24 de mayo de 2011.

En concreto, la ayuda que figura en el anexo corresponde al expediente 8127-AC/10. Se trata de una subvención de una convocatoria de 2010 para acciones de investigación e innovación y que ascendió a 29.391,89 euros. El objetivo era la «elaboración de material didáctico on-line dirigido a la formación de docentes sobre evaluación del aprendizaje en la impartición de certificados de profesionalidad».

La trayectoria de Faffe desde su constitución está plagada de irregularidades. La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de los años 2009 y 2010 de las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación profesional, detectó dos ayudas de 24,5 y 24,3 millones de euros en 2009 y 2010, respectivamente, para formación de personas desempleadas y ocupadas «sin documentación justificativa». El «agujero contable» de 48,8 millones de euros ya está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya, tal y como decidió la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, al entender que la instructora del «caso de los ERE» ya abrió una pieza sobre cursos de formación derivados de esta causa.

De forma paralela, el Parlamento andaluz encargó en abril a la Cámara de Cuentas una fiscalización «de carácter integral» sobre las subvenciones concedidas a la Faffe desde su origen y hasta su extinción.

El Ejecutivo que preside Susana Díaz hizo pública el lunes la última resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre exceptuaciones relativas a ayudas al empleo que concedió en diciembre de 2012. La medida afectó a 1.159 entes y a 2.895 expedientes, toda vez que algunas entidades poseen varias subvenciones. Se trataba de un requisito indispensable para poder seguir recibiendo ayudas, ya que la normativa impide otorgar subvenciones a las instituciones que no hayan justificado las recibidas en anteriores convocatorias para el mismo cometido. La Consejería de Empleo argumentaba la medida en que la «grave crisis económica» estaba ocasionando «graves problemas de financiación a las entidades beneficiarias, generando dificultades para afrontar los gastos derivados de la ejecución de los proyectos objetos de subvención». Por ese motivo, «en el marco de los principios de buena fe, confianza legítima, eficiencia y servicio a los ciudadanos», adoptó las medidas arbitradas por el ordenamiento jurídico para garantizar el desarrollo de las acciones en materia de mejora de la empleabilidad.

Estas resoluciones nunca se han hecho oficiales. De hecho, muchas empresas y entidades no tuvieron nunca conocimiento de esta exoneración. En este sentido, la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Andalucía (Cecap Andalucía) aseguró ayer en un comunicado que esta práctica «se ha utilizado para tapar la falta de gestión y diligencia, en formación, de la Junta de Andalucía» y criticó al Ejecutivo autonómico porque «falta a la verdad cuando afirma que los expedientes no están justificados».

Pese a este «anclaje legal», la Junta se ha comprometido a no aprobar ninguna exoneración más y reforzará los controles en la nueva Ley Formación Profesional de la comunidad.