La Junta insiste en enjuiciar a acusados de los ERE varias veces

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, órgano que está resolviendo recursos de apelación del «conocido procedimiento de los ERE desde hace siete años», ha señalado que «vuelve a sorprender» el cambio de criterio de los letrados de la Junta de Andalucía para someter a los acusados a más de un juicio. Así se recoge en un auto, cuya ponente ha sido la magistrada Esperanza Jiménez, en el que desestima los recursos de apelación de los letrados del Gobierno regional y del Ministerio Fiscal contra otro de la jueza María Núñez, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por el que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en la pieza separada en la que se investigaban las ayudas de la Dirección General de Trabajo a la empresa Hotel Málaga Palacio S A, confirmando de esta manera el tribunal la decisión de la magistrada.

La Audiencia, en un auto de fecha de 16 de enero y consultado por Ep, señala que en estas diligencias separadas se analizaban los fondos de los que fue beneficiaria la mencionada entidad para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE). Se suscribió un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que se encomendaba a éste la gestión del otorgamiento de ayuda al plan de viabilidad de la empresa y que se terminó materializando en dos abonos de fechas 10 y 13 de junio de 2002 por importes respectivamente de 350.000 y 383.234,34 euros, destinados a sufragar en parte los gastos de contratación por la Dirección General de Trabajo de una póliza de renta colectiva para los empleados cuyos contratos se iban a extinguir.

Núñez entendió, según plasmó en el auto recurrido por la Junta y la Fiscalía, que en esas ayudas «no existían indicios de comisión de hechos de relevancia penal, sino meras irregularidades en su concesión, pues las actuaciones habían revelado que se trataba efectivamente de una empresa en crisis que necesitaba reajustar una plantilla envejecida y poco eficiente».

La jueza apoyó además su decisión de sobreseer provisionalmente lo actuado en el hecho de que respecto del único de los investigados sobre los que se ordenó en su momento la prosecución de las actuaciones, el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, se había dictado auto de exclusión y archivo en octubre de 2017 y confirmada posteriormente por la Audiencia.

Los letrados de la Junta, en su recurso, exponen dos argumentos, sosteniendo que la exclusión de Guerrero se produjo antes de que la Sección Primera de la Audiencia, en el juicio de los ERE, dictase en febrero de 2018 un auto en el que resolvía las cuestiones previas «en el que acotaba el objeto de enjuiciamiento de su causa para concluir que las ayudas individuales –y entre ellas estaría por tanto la concedida al hotel Málaga Palacio– no estaban incluidas en su causa». En consecuencia, Guerrero debería tener la calidad de investigado en esta pieza separada. El segundo argumento es una confusión para la Audiencia, a la que no convence el primero ya que no la «vincula la decisión adoptada por la Sala» en cuanto al objeto del juicio.