La Junta «instruyó» a una empresa para poder darle una ayuda «a la carta» de los ERE

Email entre el Gobierno andaluz y Ubago: «En esta ocasión, primero vamos a pagar y después vendrán los papeles»

Que la legalidad no ha sido el grado cero en todas las actuaciones de la Administración andaluza se desprende del sumario del «caso ERE». El diagnóstico se repite en un informe elaborado por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de Málaga en torno a una ayuda de 60.000 euros que la Junta otorgó en diciembre de 2009 a Ubago Group Mare SL, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de conservas y a la importación de productos pesqueros. La subvención, según concluyen los investigadores, fue «una ayuda a la carta» cuyo proceso de concesión se desarrolló dentro de una «línea irregular» con una peculiaridad: desde el Gobierno regional se habría «instruido» a la beneficiaria sobre cómo actuar. De hecho, en el atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se le atribuyen los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a otros dos ex directivos de la agencia IDEA; el de malversación, al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y se acusa de tráfico de influencias y de ser supuesta colaboradora necesaria para el delito de malversación a la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo María José Rofa. Del lado de la mercantil, también consideran al apoderado de la misma, Pedro del Pino, quien fue citado a declarar como investigado y se negó a hacerlo, supuesto autor de otro de malversación de fondos públicos.

La narración se remonta, de acuerdo al relato del informe, a 2009, en concreto al 22 de enero de aquel año, cuando Ubago envió un email, otra constante en la historia es el uso de esa vía, en el que se adjuntaba un dossier informativo con su logotipo sobre la actividad, la situación y el plan de futuro de la entidad y en el que, «sorprendentemente, en ningún punto» se hacía alusión a «situación de crisis alguna». Y ello, pese a ser ese colectivo, las sociedades que atravesaban dificultades, las teóricas destinatarias del dinero que se demandaba. Más tarde, el 12 de marzo, la Dirección General de Trabajo suscribió un convenio de colaboración con la agencia IDEA por el que se formalizó la ayuda y el día 20 del mismo mes se ordenó el abono, con cargo a la partida 31L –el bautizado como «fondo de reptiles»–, que finalmente se haría en dos pagos en 2010: uno de 45.000 euros –el 75% de la ayuda– en enero y otro de 15.000 –el 25% restante–, en octubre de aquel ejercicio. Entre medias se señalan manejos poco claros y acciones «tendentes» al desembolso del dinero incluso antes de ser requerido. Para la mencionada unidad de la Policía Judicial, resulta «muy significativo» el que, en correos electrónicos fechados a 25 y 27 de noviembre de 2009, se «instara e instruyera a la entidad beneficiaria, ‘desconociéndose por qué interés’», sobre cómo llevar a cabo la aportación documental necesaria e incluso se le remitiera «el formato cumplimentado» de la petición de los fondos. Es más, en su repaso a la documentación proporcionada por el propio Gobierno autonómico, detectaron emails entre la Dirección General de Trabajo y Ubago Group que constituyen, a su entender, «la columna vertebral» para comprender el desarrollo de la tramitación de la ayuda sociolaboral» y en los que nunca se mencionó que los beneficiarios serían los trabajadores. En el atestado se reproducen nueve correos intercambiados entre representantes de ambas partes que, a juicio policial, demostrarían, «un concierto previo al trámite administrativo», que la resolución del proceso estaba «pactada» de antemano o que sobre la marcha se cambió el concepto del tipo de ayuda a dar. Los investigadores califican a uno de ellos, de agosto de 2009, de «demoledor». El emisor: Del Pino. La receptora: Rofa. Y en el cuerpo del texto se puede leer: «Buenos días. Me pregunto qué quiso decir D. Juan Márquez en la visita que le hicimos hace más de siete meses, cuando nos solicitó el número de cuenta bancaria para proceder de manera casi inmediata al ingreso de la ayuda». Y se añade: «Recuerdo como palabras textuales suyas ‘en esta ocasión vamos a hacerlo al revés que en otras; primero vamos a pagar y después vendrán los papeles’». El email no acaba ahí, pero para los agentes muestra «la manera de proceder ilegal e irregular que tenía» Márquez, así como que Del Pino «era conocedor» de ésta y de «la falta de rigor» en la gestión de la subvención. Los investigadores lo tienen claro tras sus pesquisas: «Se ha tratado desde un inicio de una ayuda a empresa encubierta, con el único fin de no tener que restituir el importe recibido» o, en otras palabras, «una ayuda a la carta». «Todo el proceso de tramitación del expediente estudiado evidencia –se asevera en el atestado– el descontrol administrativo que existía por aquel entonces en dicha Administración». La empresa, entienden, vio una oportunidad de acceder a dinero de «una forma fácil y ágil» y la aprovechó. Se benefició de una ayuda excepcional «ilegítimamente».