La Junta mantiene su negativa a la compra de medicamentos del Gobierno

La compra centralizada de medicamentos es un mecanismo que puso en marcha el Gobierno central en 2013 con el objetivo de ahorrar en la adquisición de fármacos y productos sanitarios. En aquella primera compra, de unos 600 millones de euros, el Ministerio de Sanidad pretendía lograr un ahorro inicial de 80 millones y, con las nuevas incoporaciones de fármacos, la intención era llegar a los 1.000 millones anuales. La adhesión a esta fórmula es voluntaria y, ya en su primera edición, se desmarcaron las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Andalucía, puesto que ya habían iniciado acciones para comprar estos productos por su cuenta, aunque si lo decidían podían incorporarse a la central en cualquier momento.

En la documentación que ha enviado la Junta de Andalucía al Ministerio de Hacienda para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016, el Ejecutivo autonómico recuerda su negativa de no adherirse a los sistemas de adquisición centralizada del Ministerio de Sanidad, puesto que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «tiene como estrategia de compras desde hace años la realización de acuerdos marco, tanto de homologación como centralizados». Unos acuerdos, según asegura la Junta, de los que se derivan contratos en el ámbito provincial y, si para alguna zona de catálogo no existe un acuerdo marco de ámbito regional, «se convoca en cada una de las plataformas de logística sanitaria». «Por tanto, en 2013 y en años sucesivos están vigentes acuerdos para los artículos que hasta ahora ha anunciado el Ministerio, puesto que los contratos que se suscriben son para cuatro años».

El documento de la Junta también subraya las «notables diferencias» entre la estrategia de compra de medicamentos del Ejecutivo central y del SAS, puesto que éste «ha convocado un expediente de selección de principios activos, mientras que el Ministerio los considera exclusivos», así que entiende que «esta diferencia de enfoque es determinante».

Otra diferencia que observa el SAS es que «uno de los pilares de nuestro modelo de compras es el protagonismo de los profesionales sanitarios», mientras que en el planteamiento realizado por el Ministerio «no se contempla la valoración técnica, por lo que la fórmula de contratación es incoherente». Además, puntualiza el documento que «Andalucía, para algunas zonas del catálogo, ha valorado que no es conveniente la contratación a nivel regional y se contrata a nivel provincial, puesto que las economías de escala se agotan y se producen problemas de abastecimiento o bien posibles monopolios». Por tanto, «sin un estudio previo de la conveniencia del nivel de agregación para el sistema nacional de salud, entendemos que no se justifica la compra a ese nivel».

No obstante, el Gobierno central ya comprobó las ventajas de la economía de escala con la compra de vacunas, como las de la gripe, con las que se economizaron 37 millones de euros en 2012 y 2013. Las primeros principios activos que se adquirieron a través de la central de compras fueron los indicados para la anemia asociada a la insuficiencia renal y a la derivada de la quimioterapia, así como anticuerpos. Además, también se compraron productos sanitarios como guantes de examen y quirúrgicos, tiras reactivas y pañales.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró recientemente que la Junta pagará hasta 2016 un total de 87 millones de euros en intereses correspondientes a las cantidades recibidas del FLA, así que «cuando termine el periodo de amortización Andalucía pagará 1.500 millones de intereses». En este sentido, Montero recordó que el FLA «es un préstamo, y no un regalo como quiere hacer ver el Gobierno central» y subrayó que «ya hemos tenido que hacer frente a importantes vencimientos de deuda». En relación al plan de ajuste que ha elaborado la Junta para adherirse al FLA, se ha hecho «previendo que la economía se comportará mejor a como aparecía en el presupuesto», de forma que «no hay reducción de partidas presupuestarias».

Una novedad este año es que el FLA se hará para un trimestre únicamente, de forma que la cantidad será más reducida que en periodos anteriores. El Ministerio de Hacienda retiró el primer borrador presentado por la Junta, por lo que ha tenido que elaborar otro documento con las últimas previsiones.