La Junta no aclara cuánto dinero reclama a UGT

El Ejecutivo ha abierto expedientes de reintegro que se elevan a 143 millones, pero la cantidad recuperada no aumenta: 7,6 millones

El Gobierno andaluz ha exigido un total de 143 millones de euros a empresas de formación que recibieron fondos entre 2007 y 2011, el periodo que se corresponde con los expedientes aún vivos. La cifra sube sensiblemente desde la última actualización del mes de septiembre, pero lo que no se mueve es la recuperación definitiva del dinero, estancada en 7,6 millones. Una circunstancia que en buena medida viene motivada por la judicialización de los procesos administrativos de reintegro por parte de las empresas beneficiarias.

De hecho, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que compareció ayer en comisión parlamentaria, señaló que el sindicato UGT ha recurrido el reintegro de seis expedientes, por lo que han quedado suspendidos en la vía de apremio. Sobre las empresas del ex consejero socialista Ángel Ojeda, también pesan otros 13 expedientes de reintegro, mientras que no detalló los reintegros de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los distintos consorcios porque en estos casos no procedería la exigencia de pagos, ya que tanto la entidad deudora como la acreedora es la propia Junta de Andalucía. La Faffe se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el año 2011. Según el informe de la Cámara de Cuentas relativo a las ayudas de Formación Profesional para el Empleo (PFO) de 2009-2010, no justificó dos subvenciones que rozan los 49 millones de euros.

Lo que censuró la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero es que la Junta no aclare qué expedientes en concreto son los que se reclaman a UGT y a qué cantidades exactamente ascienden. La misma queja hizo extensiva a las empresas del ex consejero socialista Ángel Ojeda, a los consorcios de formación y a la extinta Faffe, que hay que recordar que fue destino de numerosas personas vinculadas directa o indirectamente al Partido Socialista.

«No hay transparencia, y así no se puede evitar la corrupción», deslizó Ruiz-Sillero, que pidió directamente la dimisión del consejero de Empleo y de su equipo por «la obstrucción» tanto a los partidos políticos como a la Justicia. «Usted y su equipo no pueden permanecer más tiempo en el cargo», adujo la dirigente popular, que inquirió asimismo por las posibles sanciones impuestas a UGT y por el expediente de ayuda que incluye al marido de Susana Díaz, que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato.

Según los datos que ofreció Sánchez Maldonado, la Junta ha revisado un total de 7.895 expedientes, que suponen el 93 por ciento del total, por lo que quedarían 603.