La Junta pospone el calendario de pago de la extra a los funcionarios

La Junta, por un lado, censura la «hoja de ruta oculta de recortes» de Rajoy, quien ha restituido sus derechos a los funcionarios tras los ajustes. Por otro, falta a la palabra de la presidenta y altera la prometida agenda de pagos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, avanzó ayer que «presentará pronto» un calendario de recuperación de los derechos de los empleados públicos de la Junta y le pondrá «fecha más pronto que tarde», aunque no concretó plazos. La presidenta firmó el 15 de julio de 2015 el Acuerdo para la defensa y mejora del empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, con las Organizaciones Sindicales CSI-F, UGT y CC OO. Precisamente, ayer, Comisiones Obreras se echó a la calle para reclamar estos derechos y reivindicar la importancia de la prestación de servicios públicos de calidad bajo el lema «Exigimos recuperar». El secretario general de CC OO, Francisco Carbonero, lamentó que C’s «ha forzado» que en los Presupuestos «se hayan retirado 160 millones que deberían haber servido para mejorar los servicios públicos».

La consejera respondió a la exigencia de los sindicatos de poner fechas a la recuperación de la totalidad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de otros derechos que perdieron los funcionarios y empleados públicos por los recortes aplicados durante la crisis. Montero recordó que ya han recuperado el 25% de la paga que fue suprimida en diciembre de 2012 y se ha restituido la totalidad de la jornada y del sueldo al personal eventual e interino de la Junta, así como algunos días adicionales que fueron suprimidos. No obstante, reconoció que quedan pendiente el abono del 75% de la paga extraordinaria, que ya han recuperado los trabajadores de la Administración central y sus organismos dependientes y de otras regiones, entre otras cuestiones. La consejera precisó que la restitución de estos derechos se debe acompasar a la política de estabilidad presupuestaria. Montero se refirió a la concentración de la Federación de Servicios de CC OO Andalucía en Sevilla y Granada, para denunciar las subcontrataciones en los servicios de emergencias de 112, 061 y GREA. La consejera precisó que no se puede convertir en empleados públicos a trabajadores que desarrollan su actividad en el marco del sector privado y que, por tanto, no concurrieron a las procesos de oposición de acceso a la función pública. Montero añadió que la Junta trabaja con la inclusión de cláusulas sociales en los concursos de adjudicación de servicios para que las empresas subcontratistas cumplan unos requisitos laborales. La consejera reivindicó una cultura de la evaluación de las políticas públicas como una herramienta para «legitimar y democratizar» la acción de gobierno, un objetivo estratégico para la Junta y que está recogido en el propio estatuto y que, en el caso de la restitución de derechos a los funcionarios, no se está cumpliendo.

El sindicato CSI-F criticó que la Junta está «apática» a la hora de concretar el calendario para la recuperación de las condiciones laborales de los funcionarios. La Federación de empleados de los servicios públicos de UGT-A lamentó la «ralentización» y espera que a principios de junio se celebre la próxima mesa general.