La Junta privilegia con seguros de vida a sus altos cargos y cubre el parque móvil

En la Junta de Andalucía articulan a menudo el verbo asegurar en los sentidos que le atribuye el diccionario RAE de «preservar o resguardar de daño a alguien» y de «poner a cubierto una cosa de la pérdida» que por distintos motivos «pueda tener en ella su dueño, obligándose a indemnizar a éste del importe total o parcial de dicha pérdida, con sujeción a las condiciones pactadas». En otras palabras, los contratos de seguros se repiten con la pertinaz insistencia de la lluvia fina en el seno de la Administración regional.

La Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda que dirige María Jesús Montero, ha licitado varios con los que acorazar a automóviles, altos cargos y embarcaciones además de cubrir la responsabilidad civil/patrimonial del propio Gobierno andaluz, por un importe global de 4.915.000 euros y un valor estimado de 41.065.000.

A la empresa Helvetia Compañía Suiza SA le ha adjudicado en concreto la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la circulación y de otras garantías para la flota de vehículos «cuya propiedad, uso o disfrute» correspondan al Ejecutivo autonómico, sus agencias y entidades instrumentales, incluidos los cedidos a otros entes públicos o privados. ¿El desembolso? 1.711.550,50 euros. El periodo de vigencia será de 18 meses. Según la información que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, las licitadoras debían tener en cuenta para formular sus ofertas que dicho parque móvil era, a 1 de enero de 2015, de 4.161 unidades. De ellas, 3.509 se engloban en el grupo de turismos, furgonetas y todoterrenos; 255 son camiones; 8 autobuses y minibuses; 106 vehículos industriales; 201 suman entre tractores, remolques o semirremolques; y 82 entre motocicletas y ciclomotores. Unos datos que no cuadran del todo con los proporcionados por la Junta cuando presentó el portal de transparencia y cifró la flota autonómica en 4.086 vehículos, es decir, 75 menos. Al margen de ese desajuste, la cobertura acordada ahora incluye, entre otras cuestiones, la defensa jurídica y el pago de fianzas, la preparación de escritos de alegaciones y recursos por multas de tráfico, o la asistencia en viajes desde el kilómetro 0. Resguardará en los supuestos conveniados no sólo a los conductores, sino también al personal de la Junta que viaje «como ocupante» de los medios asegurados.

A ello se añade que han otorgado a una de las aseguradoras protagonista del «caso ERE», Generali España SA, otro lote para blindar las 24 horas de los 365 días de un año a los altos cargos de nuevo del Ejecutivo, las agencias y las entidades instrumentales con seguros de vida y accidentes por un valor de 193.177,06 euros. Se prevé la posibilidad de 9 prórrogas anuales. Se ha integrado en el colectivo de «alto cargo», a los efectos de esta contratación, a los miembros del Consejo de Gobierno y a los titulares de viceconsejerías, secretarías y direcciones generales, secretarías generales técnicas, delegaciones territoriales o asimilados de las consejerías; y, en resumen, a los ocupantes de puestos que conlleven el ejercicio de «funciones ejecutivas de máximo nivel» en agencias, sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones de la «Administración paralela». Según ese criterio, 194 personas integraban esa relación a 1 de enero de 2015, sin perjuicio de que la hilera pueda ser actualizada en enero de 2016. El descuadre con respecto a los datos ofrecidos con el nacimiento del portal de la transparencia es aquí de dos cargos. Fuentes sindicales apuntan que los funcionarios de la Administración autonómica «carecen del privilegio de contar con seguros de vida», lanzan.

Y hay más. Hacienda ha contratado además con Helvetia, por 222.756,57 euros, un seguro multi-riesgo para las embarcaciones del Gobierno regional y de los mismos mencionados satélites de su órbita, aunque estén cedidas. Este paraguas abarcará, por 18 meses, daños materiales, responsabilidad civil y accidentes de los ocupantes. De la documentación vinculada a esta tercera adjudicación se puede concluir que la Junta posee 65 embarcaciones valoradas en 9.247.723,02 euros y que cuentan con 353 usuarios. Están adscritas a las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Educación Cultura y Deporte y Justicia e Interior; a la Agencia de gestión Agraria y Pesquera (Agapa); al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa); a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte y a la delegación territorial en Huelva.

Por último, la Dirección General de Patrimonio será la tomadora en un cuarto contrato centrado en las consecuencias económicas derivadas, en esencia, de la responsabilidad civil o patrimonial que pudiera recaer sobre los asegurados directa o subsidiariamente, «por daños personales, materiales y perjuicios consecuenciales, causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de su actividad». La beneficiaria por valor de 1.500.000 euros ha sido en este caso Segurcaixa Adeslas SA. El periodo pactado es de 12 meses, aunque se prevé la opción de nueve prórrogas anuales. Entre los protegidos se encuentran, además de la Junta «per se» otras 64 entidades, entre ellas algunas cuya gestión disecciona la Justicia como la sociedad Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) o la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea). Están excluidas de la amalgama los entes del ámbito sanitario. ¿Por qué? El Servicio Andaluz de Salus (SAS) ya contrató por si mismo en noviembre un seguro de responsabilidad civil y patrimonial con Zurich Insurance PCL por 7,2 millones de euros.