La Junta quiere ahora acelerar proyectos urbanísticos tras paralizarlos en el litoral

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró ayer que el Gobierno andaluz ultima un nuevo decreto en ordenación del territorio. El objetivo, según aseguró en las jornadas «La Costa del Sol: hacia un nuevo modelo territorial», organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía, será «reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos» en los ayuntamientos.

El anuncio contrasta con la política del bipartito que aprobó el plan del litoral que paralizó varios proyectos turísticos en ciudades costeras y afectó a más de 40.000 viviendas proyectadas. La norma ocasionó un recurso ante el Tribunal Constitucional de varias diputaciones gobernadas por el PP.

Díaz, que en las últimas semanas ha señalado que quiere recuperar el sector de la construcción, apuntó que «pretende agilizar la gestión por parte de la Administración y no suponer un freno». El proyecto se llevará al Consejo de Gobierno durante febrero.

La presidenta andaluza aseguró que «es necesario que las comisiones provinciales de coordinación urbanística simplifiquen, integren y armonicen esos informes preceptivos que se tienen que emitir por parte de la Administración andaluza».

El desarrollo normativo no es fácil dada la complejidad legislativa de la materia. Admitió que se están analizando diversas normas, como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que «creemos que tienen que facilitar las iniciativas que busquen el desarrollo del territorio, siempre desde el respeto a nuestra sostenibilidad».

El cambio de perspectiva de Díaz tiene mucho que ver con la necesaria recuperación económica. «Estamos en un momento distinto y ante un momento distinto hay que revisar nuestras normas y hacerlas compatibles con el desarrollo económico de Andalucía y con el respeto a nuestro patrimonio natural». De hecho, recordó que «hay 600.000 andaluces que han perdido sus empleos desde el inicio de la crisis y que viven de este sector» y que muchas empresas «se han visto abocadas al cierre y necesitan el impulso de un sector estratégico para el crecimiento de Andalucía y para la creación de empleo».

No faltaron mensajes a su socio de Gobierno. IU siempre ha mostrado ciertos recelos al «ladrillo». Díaz insistió en compatibilizar la construcción con la defensa del patrimonio natural, apuntando que «es la asignatura que todos hemos aprendido después de una crisis como la que estamos atravesando; aprender de aquello que no funcionaba, aquello que demonizó un sector, el de la construcción, cuando realmente lo que debimos demonizar todos fue la especulación con nuestro patrimonio y con un bien a proteger como es el derecho a la vivienda».

Por su parte, la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez, criticó que es la «enésima vez que la Junta de Andalucía promete agilizar los trámites urbanísticos» en la comunidad sin que, hasta la fecha, se haya obtenido ningún resultado al respecto. En este sentido, en declaraciones a Ep, puso como ejemplo que el tiempo medio que tarda una capital andaluza en poner en marcha un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) es de «entre siete y diez años».