La Junta se abona a sí misma más de 2,12 millones para formar a personal sanitario

El SAS encomienda a la fundación Progreso y Salud actividades de entrenamiento para sus profesionales

La Junta ha vuelto a poner la maquinaria de la encomienda a funcionar. La Ley 2/1998, de 15 de junio fijó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe desarrollar actuaciones de mejora y adecuación de las necesidades de formación de su personal, con el fin de contar con profesionales preparados y en línea con lo establecido en el Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). En ese contexto, el Gobierno regional ha hecho una apuesta: encargar a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), un ente instrumental del propio Ejecutivo autonómico, la gestión de actuaciones formativas destinadas a trabajadores del SAS y encuadradas «en el marco de las necesidades detectadas por la estrategia de formación en 2017», de acuerdo a la referencia que consta en el portal virtual que alimenta la Administración y que ha sido consultada por este periódico.

La mencionada fundación es una entidad instrumental de la Consejería de Salud y, según la Junta, «cuenta con los medios personales y técnicos adecuados para la realización con la debida eficacia» de las acciones objeto de la encomienda, de acuerdo a lo aseverado en la Resolución fechada el pasado 26 de abril y firmada por el director gerente del SAS, Mariano Marín, a través de la que se formalizó dicho cometido. Plasmada la justificación por la que se elige a la FPS, se detalla que el goteo de euros públicos que costará el cometido asignado será de 2.123.370,89. El pago de esa cuantía se materializará en dos veces: el primero abarcará 1.061.685,44 euros, lo que equivale a la mitad del importe total de la encomienda de gestión, y se realizará a la firma de aquélla; el segundo se llevará a cabo al término de las acciones formativas en cuestión, «mediante la presentación ante el SAS de la correspondiente factura a través de los cauces establecidos», se detalla en la Resolución de Marín. Dichos desembolsos se abonarán mediante ingresos en «la cuenta abierta a nombre de la FPS que designe la entidad».

Qué se prioriza y qué importa menos en lo que se haga lo marcará el titular de la dirección de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, a quien corresponden el mando de las actuaciones. A ello se suma que el plan de formación para 2017 y 2018 está estructurado en once programas diferentes de entrenamiento de sanitarios.

La fundación beneficiaria de la misión se nutre de forma periódica de otros fondos públicos a los que da el visto bueno el Consejo de Gobierno. No es una desconocida para la Cámara de Cuentas autonómica que aludió a ella en un par de sus informes de fiscalización. En uno de ellos, relativo al ejercicio de 2010, se señalaron algunas deficiencias en el apartado de personal, entre otros, y se puso al descubierto que al ex ministro de Sanidad Bernat Soria se le retribuyó aquel año con 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Y la Cámara de Cuentas reflejó en su trabajo que no había «constancia documental» de que dos contrataciones de 2008 y 2009 del grupo de alta dirección se hubieran efectuado «mediante procedimientos» que garantizaran «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad» que marca la propia normativa regional. En el otro informe, ligado a la cuenta general de la comunidad de 2012, se anotó que Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos superiores a los 1,2 millones, lo que, según la Junta, se resolvió.

Más datos

* No es la primera vez que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) formaliza un encargo formativo similar a la fundación Progreso y Salud, ya lo hizo en enero de 2016, por ejemplo, aunque en aquella ocasión la cuantía de la encomienda fue de 1.630.791,09 euros, 492.579,8 menos que la actual.

* Tampoco es el SAS el único ente de la Junta que encarga tareas a dicha fundación. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) le encomendó en 2015 acciones en transporte neonatal que supusieron un coste de 39.377,80 euros.