La Junta se encastilla contra el déficit

Sevilla- La interlocución entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería del ramo ha sido aparentemente –al menos de puertas hacia fuera– fluida, revestida de cierta lealtad, exceptuando algunos capítulos protagonizados por el secretario de Estado Antonio Beteta. Así lo ha expresado la consejera Carmen Martínez Aguayo y también el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Este último, en una intervención parlamentaria, llegó incluso a destacar la cordialidad de las conversaciones con Rajoy y Sáenz de Santamaría. Este clima puede cambiar después del incumplimiento del déficit de 2012 por parte de Andalucía. El límite era el 1,5 por ciento. La región cerró en el 2,02 por ciento, una desviación que equivale a unos 700 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el sábado en una entrevista que el Gobierno revisará los planes de reequilibrio económico de las comunidades incumplidoras, que además tendrán que presentar nuevos programas de ajuste para ceñirse a los objetivos de estabilidad. La Junta, sin embargo, se niega a sacar la tijera. Si algo puede generar una brecha en el bipartito –solidificado en este casi año de legislatura– es la implementación de nuevos recortes. Tras el último plan de ajuste, un severo programa con 2.500 millones de recorte de gasto y que supuso, entre otras medidas, la bajada de sueldo de los 260.000 funcionarios, el vicepresidente Diego Valderas (IU) dijo que no pasaría otra vez por el aro. Miembros de su formación han sido muy críticos con el déficit. Tanto, que el portavoz parlamentario José Antonio Castro invitó a Montoro a metérselo por donde «estimara oportuno». La Junta, en definitiva, está entre dos fuegos. El del Gobierno y el de su socio de a bordo en San Telmo. Y de ahí la resistencia para asumir los nuevos deberes del Ministerio de Hacienda.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, manifestó ayer que la «obsesión por el déficit no tiene sentido», así como que, «unas décimas arriba, unas décimas abajo» en el cumplimiento del objetivo «no pueden ni deben comprometer las obligaciones que tiene un gobierno decente con sus ciudadanos». En una entrada publicada en su blog personal bajo el título «El déficit no es garantía de derechos», recogida por Europa Press, Jiménez aseveró que Andalucía «no va a renunciar a prestar los servicios públicos esenciales», de manera que «no va a renunciar a una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, o a una educación pública, universal y gratuita que no discrimine»; aunque eso signifique, según defendió el socialista, «que algunas cuestiones de índole económico, que no deben ser lo primero aunque efectivamente tengan su importancia, no se cumplan a rajatabla». El Gobierno, no obstante, tiene un importante instrumento para hacer que las comunidades autónomas le atiendan. La Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el artículo 25 se detallan toda una serie de medidas coercitivas. La intervención no entra en los planes, pero sí está recogida en la ley.