Fraude en los cursos de formación
La Junta se pagará a sí misma el desvío de fondos en los consorcios de empleo
Asumirá los activos y los pasivos y recolocará a los 167 trabajadores como subrogados en el SAE
La Junta de Andalucía ha optado por zanjar de manera definitiva el espinoso asunto de los consorcios de formación de empleo poniendo el dinero que sea necesario. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto-ley que permitirá la integración de estos entes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia. Su personal, 167 trabajadores, quedarán como subrogados en esa agencia. Los fondos para retomar la actividad se obtendrán de una modificación presupuestaria que deberá aprobarse en una o dos semanas en la reunión semanal del Gobierno andaluz. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio no aclaró que gastos se darán de baja para obtener el crédito presupuestario necesario.
Sánchez Maldonado sí explicó que el proceso por el que los consorcios pasarán a formar parte del SAE será el mismo que se estaba siguiendo hasta ahora. En octubre del año pasado, la Junta inició el proceso de disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad jurídica de la propia administración que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Ese ente, tras el regreso de las competencias a la Consejería de Empleo y que en la legislatura pasada estaban en Educación, será el SAE.
El consejero recordó la difícil situación financiera de los consorcios e insistió en que la Junta asumirá todos los activos y pasivos tras su liquidación. Entre las deudas, se incluyen los posibles expedientes de reintegro abiertos por el Ejecutivo andaluz a estos consorcios por mal uso de las subvenciones concedidas para acciones de formación. Estas irregularidades están siendo investigadas en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Por tanto, la Junta acabará pagándose a sí misma este dinero. Sánchez Maldonado explicó que en el caso de que el reclamante sea el mismo que el que tiene que pagar –la Junta en ambos casos– serán los abogados de la Administración los que señalen el procedimiento legal que deberá seguirse.
Con respecto a la participación de los ayuntamientos en estos entes, abogó por el «diálogo» para alcanzar una solución consensuada que permita retomar la actividad y pagar las nóminas que se adeudan a los trabajadores. El plazo marcado por Sánchez Maldonado es el mes que viene.
La actual red de consorcios de formación está integrada por los centros del Mármol en Fines (Almería); Hostelería en Cádiz; Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula de Hostelería en Málaga, y Artesanos en Gelves (Sevilla). Para su funcionamiento, la Junta destinará entre 12 y 13 millones al año, cantidad que estará incluida en una partida presupuestaria y no se gestionará como subvención.
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