La Junta tiene 800 millones en subvenciones sin justificar desde hace más de diez años

La Consejería de Hacienda prepara un plan para acelerar la comprobación de ayudas y reclamar el dinero, si procede

Las subvenciones pagadas y sin justificar se agolpan en los cajones de la Junta. La Cámara de Cuentas lleva advirtiéndolo años. La última vez, hace solo un mes, cuando publicó su informe de Fiscalización de la Cuenta General de 2017. Son 1.868 millones sobre los que planea la duda de si se gastaron en el fin correcto. De esa cantidad, 1.708 millones siguen sin justificar pese a que el plazo legal para hacerlo ha finalizado. La suma total incluyendo a las agencias públicas ascendía a 1.934 millones al cierre de 2017, de los que una parte corresponde a ejercicios anteriores «con una antigüedad elevada», según el órgano de control. Tan elevada, que algunos se arrastran desde 1987.

Según la información recabada por la Cámara de Cuentas, 130 millones de euros corresponden a expedientes con más de veinte años, entre 1.987 y 2006. Otros 104 millones se cerraron, como mínimo, hace diez años. Casi 600 millones se encuadran en subvenciones concedidas entre 2008 y 2012, cuyo riesgo de que prescriban es alto. Finalmente, 664 millones corresponden al último lustro. Eso juega en contra de la recuperación del dinero si finalmente se comprueba su mal uso, aumentando las posibilidades de que las reclamaciones hayan prescrito. «Cada día van prescribiendo miles de euros, al no haber solicitado el reintegro», en palabras del consejero, Juan Bravo, durante la última comisión de Hacienda. La hipotética recuperación de ese dinero es una de las fórmulas para mejorar el presupuesto con las que cuenta el Gobierno andaluz, según detallaron fuentes de la Consejería a LA RAZÓN. «Si a los cuatro años no se hace la comprobación del uso de los fondos ni un requerimiento de información, prescribe –detallaron–. Si se inicia el procedimiento de reintegro, el plazo se amplía otros cuatro años». Actualmente, Hacienda está estudiando las medidas más adecuadas para impulsar la comprobación de todos los expedientes, aunque todavía no se ha tomado una decisión. Las ayudas competen a diversas consejerías, especialmente a Empleo y concretamente a los cursos de formación.

La Cámara apunta que esta cifra de subvenciones sin controlar disminuyó respecto a 2016, tanto en la Junta de Andalucía como en sus agencias. En ese ejercicio, el acumulado superaba los 2.200 millones, llegando a tener expedientes con 30 años de antigüedad, lo que permite hacerse una idea del dudoso funcionamiento de la Administración en ese ámbito. Insiste por ello el organismo público en la necesidad de que las ayudas concedidas cumplan con la ley y se obligue a los beneficiarios a justificarlas, agilizando también las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa para no dilatarlas indefinidamente. Todo, con la «finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados». Ese camino es el que ha iniciado la Consejería de Hacienda. La responsabilidad recae principalmente en la Administración como encargada de pagar y comprobar las ayudas. En muchos casos, las empresas o entidades que han recibido las subvenciones han presentado su documentación en el plazo estipulado y, sin embargo, la Junta continuaba años después sin corroborar que todo fuera correcto. Esta acumulación burocrática se fue agravando de ejercicio en ejercicio, hasta superar los dos mil millones de ayudas pendientes.

En el caso del fraude de los cursos de formación para el empleo, el anterior Gobierno puso en marcha un plan de choque contratando a administrativos exclusivamente para revisar esos expedientes. La lentitud en la revisión y reclamación de subvenciones mal usadas por no destinarse a desempleados ha supuesto la pérdida de dinero público, con sentencias judiciales que han corroborado la expiración de los plazos legales. Una contrarreloj en la que la Administración se juega recuperar millones de euros, que volverían a las arcas públicas, pero también acabar con el aura de la concesión de subvenciones sin control.