La Junta vende como propio el grueso del II Acuerdo del PP con los sindicatos

Mientras el PP está enfrascado en contar compromisarios a favor de Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado de cara al Congreso de la próxima semana la Junta de Andalucía trata de rearmarse para unas elecciones autonómicas que pueden producirse a tenor de cómo está espumando el PSOE en las encuestas más pronto que tarde. Lo llamativo además es que la jefa del Ejecutivo andaluz no sólo aprovecha las iniciativas de su propio partido sino también las de la competencia. Prueba de ello es el acuerdo que la Junta suscribió ayer con CC OO, UGT y CSIF. El grueso del documento suscrito se deriva del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos que ratificó el ex ministro Cristóbal Montoro con los dirigentes de las mismas plataformas sindicales a nivel nacional el pasado 9 de marzo previo a la aprobación del Proyecto de Presupuestos que luego superó el trámite parlamentario con el rechazo del Partido Socialista. Es el Estado el único que puede legislar sobre la jornada laboral, la tasa de reposición o la subida de sueldo de los empleados públicos. Sin embargo, Susana Díaz consiguió sacar partido adelantándose al Gobierno y al resto de autonomías, al tiempo que añadió algunos anuncios adicionales respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral como los permisos de paternidad que llegarán a las 20 semanas en 2020.

Los representantes sindicales que estuvieron presentes ayer en la reunión catalogaron el acuerdo como «pionero», «magnífico» o «histórico» en palabras del presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, quien subrayó que pone «punto final a duros años de recortes». No obstante, las principales medidas se derivan del pacto estatal de principios de marzo. Una de las más importantes es la subida salarial que los 270.000 empleados percibirán en esta nómina de julio con carácter retroactivo en concepto de atrasos. El punto primero del acuerdo estatal está dedicado precisamente al «incremento retributivo» que en 2018 es de un 1,75 por ciento. Esto es, un 1,50 por ciento más un 0,25 ligado al cumplimiento del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1 por ciento en 2017. Los empleados públicos podrán obtener una subida de entre el 7,25 por ciento y el 8,79 por ciento en el horizonte 2020.

Otro tanto ocurre con la convocatoria de empleo público. El acuerdo de ayer entre Díaz y los sindicatos recoge un aumento de hasta 40.690 plazas extraordinarias para la estabilización del empleo en el horizonte 2021. La base es igualmente el pacto para la estabilización de las plantillas de los servicios públicos en toda España con el objetivo de que la tasa de interinidad no supere el 8 por ciento.

Respecto a la tasa de reposición se reproduce la misma situación. La Junta anunció ayer tras el encuentro de Díaz con los sindicatos que «por primera vez desde el año 2012 Andalucía generará empleo neto en el ámbito del sector público», puesto que «se ampliará la tasa de reposición del 100 por cien a todos los sectores y se sumará un 8 por ciento adicional para el refuerzo de plantillas». La Junta no puede sobrepasar la tasa de reposición del Estado porque de lo contrario se enfrentaría a un recurso en el Constitucional que ya ocurrió en 2012 con las oposiciones de Secundaria que se quedaron en vía muerta. El II Acuerdo estatal Gobierno-Sindicatos del 9 de marzo señala en el punto tercero que «las administraciones públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100 por cien para todos los sectores, funciones y servicios». «Adicionalmente a lo anterior, estas administraciones públicas podrán incorporar un número de nuevos efectivos equivalente al 8 por ciento del resultado de su tasa de reposición en aquellos sectores que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos».

La jornada de las 35 horas, una larga batalla de la Junta, que destacó ayer la implantación definitiva, tiene asimismo un reflejo en el documento de marzo puesto que el Gobierno estableció una jornada general de 37,5 horas pero cada administración pública, previa negociación colectiva, podría establecer «otras jornadas ordinarias de trabajo» siempre y cuando cumpliera en el ejercicio anterior con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

Con todo, el acuerdo de la Junta con los sindicatos en el seno de la Mesa General que se celebró ayer suma algunos aspectos laborales como la reducción de la jornada laboral para el personal que se incorpore a su puesto tras finalizar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento de especial gravedad; o la mencionada equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad. Un permiso «personal e intrasferible» de 5 semanas en 2018, que llegará a las 10 semanas en 2019 y a las 20 semanas en 2020. El Gobierno andaluz estima que un total de 4.000 progenitores se pueden beneficiar anualmente de esta medida.