La Justicia andaluza: más de un «decepcionante» lustro a la espera

El presidente del TSJA pide que se considere una «prioridad», como la educación o la sanidad

La comunidad se mantuvo en 2016 a la cabeza del «ranking» nacional en litigiosidad

La Justicia avisa desde hace años de la emergencia de su estado sin éxito. En ese contexto, Andalucía se situó en 2016 a la cabeza del “ranking” nacional de litigiosidad, ya que los órganos judiciales de la comunidad ingresaron 1.245.470 asuntos, según se refleja en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia regional (TSJA) relativa a ese ejercicio, presentada ayer y consultada por LA RAZÓN. Esa cifra supuso un descenso de un 31% respecto a 2015, cuando se contabilizaron 1.794.246, si bien, es aún superior en un 21% al dato de la litigiosidad estatal, que anotó un global de 5.813.125 el pasado año. Si la tasa en el conjunto del país fue de «124,9 asuntos por cada 1.000 habitantes», en el ámbito del TSJA alcanzó los «145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes», por lo que «sigue siendo de las más altas de España», superada por Canarias (158,7) y seguida de Baleares (135,2), Murcia (128,9), la Comunidad Valenciana (127,9), Cantabria (125,2) y Madrid (125,1), según se enumera en el mencionado informe.

Y hay otra constante que se repite: los procedimientos penales acumularon cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto «el 64% del total», esto es, más de la mitad de lo gestionado en 2016. En el otro extremo se colocó, por contra, la jurisdicción social, con un 5%, y la contencioso-administrativa, 4%, mientras que la civil se saldó con un 27%. También en el ámbito penal hubo una caída de un 40% respecto a 2015, que en la memoria del TSJA atribuyen a la entrada en vigor el pasado año de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal y la Ley 41/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que conllevaron, de una parte, «la destipificación» de conductas y «la supresión» de las faltas, «algunas de ellas transformadas en delitos leves», lo que hizo disminuir ese tipo de juicios; y, de otra, «que se dejaran de remitir a los juzgados de Instrucción los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado». Con todo, el primer lugar de litigiosidad en la jurisdicción penal fue otra vez para la comunidad, que acaparó «el 24%» de los ingresos a nivel nacional.

Si se rastrean los movimientos de los asuntos penales por territorios, se puede comprobar que las audiencias provinciales que manejaron las mayores cantidades de casos fueron las de Málaga, Sevilla y Cádiz, «por encima de 5.000 procesos al año». Sevilla y Málaga, de nuevo, más Granada y Cádiz, son las que dejaron más pendiente por resolver. En relación a ese tema, otro dato genérico: los órganos judiciales autonómicos resolvieron 1.278.136 asuntos en 2016 y quedaron en trámite al final del ejercicio 494.029, esto implicó una rebaja del 4% respecto a lo que estaba en esa situación en 2015. La tasa de resolución, del 1,03, fue por tanto positiva, lo que permite al TSJA afirmar que los órganos judiciales que salpican el mapa de la región atesoran «un buen nivel de laboriosidad» y «se resuelven más asuntos de los ingresados, pese al déficit organizativo y de recursos personales». Pero el «problema» sigue siendo «la tasa de congestión», que muestra la carga de trabajo real –los asuntos registrados más los pendientes–.

Para el TSJA y así lo puso de manifiesto ayer su presidente, Lorenzo del Río, el camino recorrido en los últimos años es «decepcionantemente corto», pese a que desde el mundo de la judicatura se reitera anualidad tras anualidad desde hace más de un lustro que «el actual sistema es insostenible y poco operativo». De hecho, durante 2016 apenas detectaron cambios con relación al panorama que dejaban al descubierto los informes del Alto Tribunal confeccionados sucesivamente desde 2010, por lo que vuelven a reclamar «soluciones rápidas y consensuadas que conformen un nuevo modelo y traigan la imprescindible racionalización de los instrumentos personales y materiales que sirven a la función jurisdiccional, junto a reformas que culminen con la modernización de la Justicia y de las leyes procesales».

«Lo más inmediato y urgente –se llega a aseverar en la memoria del pasado ejercicio– es configurar una mapa judicial al servicio de una Justicia eficaz, no de intereses particulares, fomentar medidas disuasorias del pleito, una nueva forma de investigación penal y una oficina judicial al servicio de la Justicia». Y es que, para Lorenzo del Río, «sólo ha habido cambios cualitativos en el proceso de digitalización, aunque quedan importantes deficiencias por corregir» y un significativo trayecto por recorrer «en la implantación del expediente y firma digital», entre otros puntos.

La Junta permanece, por contra, en el estado de ensimismamiento que caracteriza a ciertos moluscos respecto a la reordenación de efectivos que desde el TSJA consideran «necesaria». Es «algo a lo que parece resistirse la Administración autonómica competente», se critica en el texto, «lastrando así cualquier posibilidad de eficiencia en la organización y funcionamiento de las oficinas judiciales, soporte del ejercicio de la función judicial y, con ello, toda perspectiva de mejora en la calidad del servicio que prestamos», se advierte en el documento al que accedió este periódico.

Tampoco las reformas procesales puestas en marcha han conllevado, en opinión de la Sala de Gobierno del tribunal autonómico, «el impulso de modernización que se pretendía»; las consideran cercenadas en su eficacia, por «una absoluta falta» de pasos en la organización «de la estructura judicial, cuya colegiación se intuye desde hace tiempo como única salida posible ante la situación en que nos hallamos», plantean.

En el informe se asevera con rotundidad: «La planta judicial queda lejos de lo razonable para la litigiosidad existente en este TSJA», se defiende, para añadir que «no se han colmado las especiales necesidades de este complejo territorio» y es «ineludible e inaplazable» su ampliación. Es más, se demandan por lo bajo «15 plazas judiciales en órganos colegiados –audiencias provinciales–», así como otras «52» para órganos unipersonales. Una propuesta «de mínimos», que «pretende ser realista con relación a las posibilidades económicas existentes», pero imprescindible.

En el apartado de los medios materiales con los que cuenta la Justicia se pone el foco en algunos puntos débiles y se afirma que «el estado general de los edificios judiciales» en los que se trabaja en la comunidad «debe calificarse» sin ambages «de deficiente».

Tras los reiterados aplazamientos, el presidente del Alto Tribunal andaluz entiende que ha llegado el momento de que la Justicia se consagre política y socialmente como una «prioridad» como puedan serlo la educación y la sanidad. Es más, Del Río alertó de que las demoras en su reforma «agravan» las trabas y «dificultan» las posibles soluciones. Lanzó un mensaje a la clase política: ha de tomar conciencia de que invertir en Justicia no es un «gasto» y de que hay que romper con un sistema de organización que es «insostenible». La animó además a sacar a la Justicia del debate partidario y a buscar consensos que ayuden a arrancar, «de una vez por todas», transformaciones de leyes, en especial en materia penal y organizativa.

Las «macrocausas» podrían seguir dilatándose

Al margen de las reivindicaciones que comienzan a ser históricas, en el trabajo oficializado ayer se mencionan causas de «singular complejidad y trascendencia pública» como la de los ERE, las centradas en los avales concedidos por la agencia IDEA, el «macroproceso» de los cursos de formación subvencionados por la Junta, «Bahía Competitiva», «Astapa», «Invercaria», las facturas de UGT o la «Operación Nazarí», entre otras. Y se hace para avisar de que «pueden seguir dilatándose excesivamente en el tiempo y prorrogada su instrucción», por las dificultades para agilizar los informes policiales o periciales y la escasez de personal.