La Ley de Participación entrará en vigor en 2019, en el mejor de los casos

El Proyecto de Ley de Participación Ciudadana que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y que regula las consultas populares no vinculantes es un ejemplo que explica bien el ritmo legislativo.

El Proyecto de Ley de Participación Ciudadana que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y que regula las consultas populares no vinculantes es un ejemplo que explica bien el ritmo legislativo.

Esta norma la prometió Griñán en su último discurso de investidura de mayo de 2012. El ex presidente andaluz avanzó un paquete de 28 leyes entre las que se encontraba ésta, que era un claro guiño a Izquierda Unida, formación con la que el PSOE trabó posteriormente acuerdo de Gobierno. IU hizo bandera de la iniciativa, aunque comenzó a desesperarse por la tardanza. Y por eso Susana Díaz, tras relevar a Griñán al frente de San Telmo, se comprometió también en su discurso de investidura de septiembre de 2013 a que remitiría el proyecto de ley al Parlamento antes de que finalizara ese año.

La Junta no movió ficha hasta julio del año siguiente, dando luz verde a un borrador normativo, un anteproyecto de ley que defendió con ahínco el ex vicepresidente andaluz y ex coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas.

La ley, en el escenario más optimista, no entrará en vigor hasta el horizonte de 2019. La norma incluye una disposición final que señala que entrará en vigor «a los 18 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Hay que tener en cuenta que la norma inicia ahora el trámite parlamentario que es imposible que se complete en el actual periodo de sesiones, que acaba en diciembre, y dífícilmente que culmine en el siguiente, que se extiende desde febrero a julio de 2017. Si se suma el año y medio de carencia para entrar en vigor, el horizonte es el del año 2019. Las elecciones, según calendario y si no hay adelanto, tocan en marzo de ese año. La Ley de Participación Ciudadana no es, en cualquier caso, una excepción porque de las 28 leyes prometidas por Griñán hace cuatro años, el Parlamento sólo ha conseguido aprobar la de transparencia y la de transexualidad.

Con el proyecto de ley aprobado ayer, la Junta pretende «establecer un marco para el ejercicio de la participación ciudadana de manera real y efectiva, por el cual todos puedan involucrarse en el desarrollo de las acciones de Gobierno», recoge el texto legal. Uno de los obstáculos para su elaboración ha sido la adaptación a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), que dio un varapalo a la Generalitat de Cataluña por la ley de consultas. En este caso, las consultas populares no tendrían carácter universal ni serían vinculantes. Las votaciones no vinculantes afectan a asuntos de interés público de competencia autonómica o local. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, realizó recientemente un referéndum para cambiar las fechas de la Feria de Sevilla. Ahora –esto es, cuando entre en vigor en el horizonte de 2019, en el mejor de los casos– tendrá que ceñirse a la ley autonómica. Los ayuntamientos cuentan con 6 meses desde la entrada en vigor para adaptar sus reglamentos. Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años.