La mitad de los niños que migran solos se fuga de los centros de acogida

En Andalucía hay 239 centros de protección que acogen actualmente a 13.012 menores extranjeros no acompañados, una cifra que se ha duplicado en un año y que ha obligado a la comunidad a abrir instalaciones de urgencia hasta en antiguas «ventas de carretera». Sin embargo, las fugas de estos niños se han convertido en una «realidad tan cotidiana como los ingresos de otros que llegan por vía terrestre o marítima» y llegan a alcanzar en algunos casos al 50% de los que ingresan, con el consiguiente riesgo que supone que salgan del sistema de protección como la adicción al consumo de drogas (incluso en niños menores de 10 años) o ser víctimas de abusos o de redes de explotación sexual.

Es la alerta que lanza Unicef en su informe «Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur», tras visitar, entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre pasados, 15 centros de protección de Andalucía, Ceuta y Melilla y entrevistarse con los profesionales que trabajan en ellos y los menores acogidos.

El informe señala que en Andalucía «las salidas de un centro a otro por decisión de los niños y niñas (es decir, no por los traslados que ya han sido descritos) llegan en algunos casos al 50% de los niños que llegan a un centro en un determinado día» y es una situación «prácticamente naturalizada» tanto por éstos como por el personal de dirección.

Según la última memoria anual de la Fiscalía, a final de 2017 constaban como fugados 1.239 menores que en algún momento pasaron por el sistema de protección, 343 en Andalucía. Son las cifras oficiales de aquellos casos que llegan a los fiscales de menores y, aunque todos son de obligada comunicación, el trasiego es tal que resulta difícil hacer un diagnóstico certero.

Hace un tiempo los profesionales que trabajan con el colectivo atribuían estas «fugas» porque Andalucía era tierra de paso y en efecto hay casos de niños que migran siguiendo los pasos de familiares con los que pretenden reunirse en otras comunidades de España o países europeos. Pero la ONG alerta de que «la información recogida en la investigación revela una realidad bastante más compleja». «Varios de los niños entrevistados explicaban sus salidas de otros centros por la incertidumbre de no recibir información sobre su trámite de residencia, o la dificultad de no poder hablar con alguien que comprenda su idioma, o porque creían (con o sin razón) que no tendrían posibilidad de aprender castellano y ser escolarizados, o ingresar en un programa de formación profesional y/o tener una oportunidad laboral. Algunos niños afirmaban enfáticamente que descartarían sin dudas la salida del centro si tuvieran la certeza de recibir oportunamente el permiso de residencia, así como de estudiar, continuar su formación y luego trabajar», recoge el informe. En casos «más puntuales» también aludían a que se habían fugado de centros por su hacinamiento, la lejanía de éstos respecto a recursos que estimaban importantes para su integración o por sufrir malos tratos en un centro.

Para Unicef, son «señales de alerta» de que los recursos del sistema presentan condiciones «inadecuadas o servicios insuficientes o ineficientes» y advierte de «las implicaciones que este fenómeno» puede tener en España y la Unión Europea a medio y largo plazo.

Y es que aunque muchos cambian de centro, lo que al menos los mantiene protegidos si bien dificulta su proceso de integración y un seguimiento adecuado, los «niños migrantes en situación de calle» representan una problemática mayor en Ceuta y Melilla pero que empieza a aumentar en Andalucía.

El hacinamiento, la falta de actividades educativas, o la preocupación por la demora en los trámites de residencia, son los principales motivos que invocan para explicar su decisión de fugarse, pero los riesgos son evidentes. El pasado marzo, Ceuta inició con la Universidad de Málaga un proyecto de unidad móvil con educadoras, con funciones tales como promover el registro de los niños, su atención sanitaria, brindar servicios educativos e información, organizar actividades deportivas y lúdicas, clases de castellano, además de la provisión de comida e higiene. A través de una paulatina relación con los organismos autonómicos y del Estado, se intenta incluso que esas actividades pueden funcionar como medidas de libertad vigilada en el caso de algunos niños en conflicto con la ley.

Crece el rechazo municipal a albergar estas instalaciones y la estigmatización

Unicef alaba la voluntad de la Junta por atender el incremento de menores extranjeros no acompañados con nuevos centros, aunque muchos de emergencia donde son atendidos las primeras 72 horas y con acuerdos con entidades privadas. No todos cumplen las mejores condiciones pues, además del hacinamieto, conviven niños ya en proceso de integración con otros recién llegados, faltan mediadores culturales o trabajadores sociales que hablen su idioma, no todos son escolarizados, y en general no se posibilita un tratamiento personalizado. Hay un déficit de profesionales, incluso los pliegos de contratación con las entidades que los gestionan no les exige tener psicólogos. A ello se suma el aumento del rechazo de los gobiernos locales a albergar estos centros en sus municipios, justificándose en la «aparente o real negativa» de vecinos y asociaciones pero contribuyendo a «legitimar prejuicios y la estigmatización». Incluso hay centros donde el personal pide a los menores que «no salgan a los balcones para que los vecinos no se molesten», los llevan «siempre al mismo parque como actividad programada» o vestidos «exactamente con la misma ropa con el impacto que eso tiene».

cada vez que salen en grupo a la calle”.